De nueva cuenta, un juez de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica concedió una suspensión a un acto del gobierno, el acuerdo publicado por la Comisión Reguladora de Energía, con el que se buscaba que el gas natural se considerara energía limpia.
De nueva cuenta, el juez de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió una suspensión a un acto del actual gobierno: el acuerdo A/018/2023 publicado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con el que se buscaba que el gas natural se considerara energía limpia.
Con ello, mientras se reciben pruebas y desahogan testimonios rumbo a la sentencia del juicio de amparo, se suspenden todas las consecuencias derivadas del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de mayo, por lo que las autoridades deberán continuar aplicando los criterios establecidos en la RES/003/2011, RES/206/2014, RES/291/2012 y RES/1838/2016, así como las disposiciones aplicables de la Ley de Transición Energética vigentes.
El judicial consideró que los cambios realizados por la CRE tendrán un importante efecto en el mercado de Certificados de Energías Limpias (CEL) incrementando de forma automática, inmediata y de forma significativa, la cantidad de energía que puede considerarse limpia.
Alertan de sobreoferta de CEL
“Al redefinir el concepto de energías limpias para incluir a los ciclos combinados (que funcionan con gas natural), la CRE permitiría que estas centrales eléctricas obtengan CEL, lo cual podría generar una sobreoferta de certificados que propiciaría la reducción de sus precios, y como consecuencia de ello, se disminuiría el atractivo de la inversión en energías renovables”, según la resolución.
El juez argumentó también que el acuerdo pondría en riesgo la viabilidad financiera de las centrales existentes, que fueron construidas a partir de las previsiones de precios de CEL que se tenían contempladas hasta antes de la entrada en vigor del acuerdo.
“De esta manera, la paralización del acuerdo reclamado únicamente tendrá como consecuencia que el sector eléctrico que opera en la generación de energías limpias se siga desarrollando bajo el esquema que fue previsto en la propia Constitución de lograr el desarrollo sustentable del país”, apuntó el juez.
Los argumentos emitidos parecen dirigirse hacia la concesión del amparo, dados los antecedentes de una resolución positiva para el demandante, que hace tres años fue Greenpeace, que logró primero la suspensión y posteriormente el freno total para cambiar el orden de despacho de energía en el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), con base en el derecho humano inalienable a la salud.
“El uso de fuentes de energías contaminantes podría dar lugar a considerar una mayor producción de energías limpias, pero dadas las modificaciones propuestas en el acuerdo reclamado, este aumento sería artificial, pues la forma en que se clasifiquen las primeras no cambia el hecho de que el aumento en su uso ocasionaría un mayor daño para el medio ambiente”, aseveró el juez.
Cabe recordar que el último Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2023-2037 indicativo para la política energética nacional publicó que el país alcanzó la meta de 31.2% de la generación eléctrica limpia en 2022, tomando en cuenta esta metodología suspendida judicialmente, sin la cual el cálculo desciende a 28.7% de energía limpia en el sistema, cuando la meta al 2024 es de 35% según el compromiso del Acuerdo de París y la Ley de Transición Energética.
