Los cambios constitucionales propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador relacionados con el sector energético, en particular la electricidad, resultan extremos y probablemente negativas para el desarrollo del país y la lucha contra el cambio climático, expuso este miércoles el centro de análisis de Citi Group.
Y es que, como explicaron los analistas, la contrarreforma busca eliminar los principios básicos de la ley de 1992 y la reforma constitucional de 2013. La medida del gobierno para cambiar estas dos leyes se expresó por primera vez en una ley secundaria aprobada este año, actualmente en disputa en la Corte Suprema. De aquí surge la eliminación de la competencia, la disolución de los órganos autónomos, detallaron.
Así, la competencia se disolvería y se restablecería el monopolio. «Esperamos que el impacto sea de precios más altos o subsidios más altos. Las conclusiones de la Comisión Federal de Competencia Económica, que impugnó constitucionalmente (por su carácter inconstitucional) la ley secundaria aprobada a principios de año, aplican a la propuesta actual: se eliminarían las condiciones de competencia, por lo que será traducido en una perturbación en el suministro eléctrico, así como daños al consumidor y a la economía en general”, expuso el centro financiero.
Además, las enmiendas propuestas van en contra de las políticas de cambio climático y aumenta el riesgo de un desarrollo insuficiente del suministro eléctrico para el crecimiento del país.
Esto, porque el desplazamiento del sector privado implica inversiones del sector público que no están en línea con la capacidad actual del gobierno.
Finalmente, está la prohibición de la inversión privada en litio y otros metales similares que, desde el punto de vista de los analistas, no brinda una justificación adecuada.
