La iniciativa de reforma eléctrica enviada hace unos días por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso tiene implicaciones crediticias negativas para el sector porque podría disminuir la transparencia operativa, desalentaría la inversión privada en la generación de energía, además de frenar la generación de energías renovables y probablemente aumentar el costo de la electricidad en el país, dijo la agencia Moody’s.
“La propuesta de reforma no solo crearía un mercado eléctrico más costoso que aumentaría la necesidad de subsidios, sino que también impediría el progreso de México hacia el logro de sus objetivos de energía limpia.”
«De acuerdo con los compromisos del gobierno de mitigación y adaptación al cambio climático para el período 2020 a 2030, el objetivo de México es generar 35% de su energía a partir de fuentes limpias para 2024 y 43% para 2030, cifras superiores a 25.5% observado en el período enero-octubre de 2020”, explicó.
De acuerdo con la calificadora, la intención de utilizar la capacidad instalada de la CFE que utiliza combustibles fósiles desplazando la energía privada renovable, aumentaría la exposición de México a los precios y la disponibilidad de gas natural.
En ese sentido, expuso que, con base en datos de la Secretaría de Energía, los combustibles fósiles representaron aproximadamente 74% de la generación eléctrica de México en el período enero a octubre de 2020, y de ésta, el gas natural representó alrededor de 81%.
Así, explicó que México ha reducido la producción local de gas natural, y las importaciones representaron el 72% del consumo total de gas a junio de 2021, según la Secretaría de Energía.
El fenómeno del vórtice polar en febrero de 2021 provocó un déficit de suministro de gas natural y un incremento de los precios, lo que generó sobrecostos de dos mil 500 millones de dólares para la CFE, la mitad de los cuales fueron subsidiados por el gobierno mediante transferencia directa.
“En ausencia de mayores subsidios del gobierno federal, es probable que la liquidez de la CFE se debilite, ya que, desde junio de 2021, por decreto, las tarifas solo pueden aumentarse de acuerdo con la inflación y no por los costos reales de la electricidad”, detalló.
Moodýs dijo que, si bien no se puede descartar la aprobación de la propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero este no es el escenario más probable porque requeriría una mayoría calificada de dos tercios en ambas Cámaras del Congreso y una mayoría simple en los congresos locales de los 32 gobiernos regionales.
“De ser aprobada, es probable que la propuesta desencadene disputas legales internacionales, afecte la competitividad entre las inversiones extranjeras y se aparte de las prácticas regulatorias previamente acordadas. La propuesta se está debatiendo actualmente en la Cámara de Diputados, que tiene 180 días para aprobarla o rechazarla”, comentó.
