Se están usando huecos legales para determinar que los permisos otorgados por pasados gobiernos son ilegales y parar las operaciones de los privados.
Desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se declaró la guerra en contra del huachicol y la defraudación fiscal por la venta de combustibles, pero lo que inició como una noble causa se convirtió en una disimulada guerra en contra de las empresas privadas de petrolíferos para ayudarle a Pemex a recuperar el mercado que perdió con la Reforma Energética de la administración pasada.
Especialistas consideran que desde hace tiempo se usa a distintas instancias como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Secretaría de Energía (Sener), Servicio de Administración Tributaria (SAT), e incluso Ejército y Marina con la encomienda de combatir la ilegalidad.
“Pero lo único que hacen es buscar cualquier pretexto para cancelar los permisos de almacenamiento y distribución, (..) Hicieron los trámites burocráticos tan complicados y engorrosos para que menos empresas les interese invertir”, dijo a MILENIO Gonzalo Monroy, director de la firma de consultoría GMEC.
Incluso destacó que usan huecos legales para determinar que los permisos otorgados por pasados gobiernos son ilegales; “por ejemplo, en la ley no se determina si los autotanques se consideran almacenamiento, antes decían que no, pero ahora sí, pero no hay una ley que lo determine”.
Mientras que David Berezowsky, abogado de Foley & Lardner México, dijo que el gobierno se dedicó a desaparecer los reguladores sectoriales, haciendo que pierdan su autonomía de gestión y presupuestal para volver a formar parte de la Sener.
Las acciones más evidentes de esta estrategia son el cierre de cinco terminales de almacenamiento de combustibles. Un reporte en poder de MILENIO da cuenta que el 27 de mayo el gobierno cerró una terminal intermodal de carga en Querétaro, donde se llevaban a cabo actividades de trasvase de combustibles, es decir, pasarlos de un medio de transporte a otro.
De acuerdo con el documento, el 6 de julio se cerró una terminal de IEnova en Puebla, que suministra de combustibles a Valero, mientras que 10 días después, se hizo lo mismo con otra en Hermosillo que opera Bulkmatic, que abastece de petrolíferos a Valero y Marathon.
Posteriormente, el 31 de agosto le cerraron a Liderlac una terminal en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que el 13 de septiembre fue cerrada la terminal de Monterra Energy en Tuxpan, Veracruz, desde la cual se surtía a gasolineras de la marca Total, Repsol y Marathon.
A estas acciones del gobierno se sumaron otras más como la cancelación de cinco permisos de importación a Trafigura y 10 más a Windstar Energy, quienes tienen presencia en el Norte del país.
En julio, a través del SAT, la administración federal canceló el registro fiscal de 82 importadores de combustibles, alegando que tenían mal la documentación para llevar a cabo actividades de comercio exterior.
La estrategia también ha sido acompañada de una notable militarización de la frontera norte, misma que ya generó las primeras inconformidades.
En una carta enviada el 17 de noviembre por Greg Abbott, gobernador de Texas, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le solicita interceder ante el Gobierno de México por la extrema vigilancia de la frontera norte, pues “socavando la credibilidad de Estados Unidos como socio comercial, mientras la crisis de la frontera continúa haciendo estragos en la frontera”.
Poca certeza
De acuerdo con un análisis de OPIS, de la consultora IHS Markit, el sector de combustibles se ve afectado por “retos” a mitad del sexenio del presidente López Obrador, como la incertidumbre para conseguir permisos de importación a largo plazo.
Señala que la CRE tiene más de un año sin aprobar nuevos permisos de almacenamiento, mientras que durante los últimos dos años solamente dos nuevos proyectos de las firmas MPC y Valero fueron aprobados.
La incertidumbre alcanzó también a los transportistas. A principios de noviembre, en una terminal de Vopak, en Tuxpan, la CRE inmovilizó 9 tractocamiones bajo el argumento de que no contaban con permisos del regulador; sin embargo, de acuerdo con un oficio enviado por la Asociación de Mexicana de Distribuidores de Energéticos (AMDE) a la CRE, le solicitan que se defina el criterio jurídico entorno a dicha decisión, que claramente rebasa a las atribuciones del órgano regulador del sector de petrolíferos.
Fuentes que pidieron no ser identificadas, explicaron que, ante la situación, cada vez son más las empresas logísticas que se niegan a prestar el servicio de transporte de combustibles en la última milla, es decir, a las gasolineras, pues temen que sus unidades vayan a quedar inmovilizadas.
Esta situación generó problemas de desabasto en algunas ciudades del Bajío durante los primeros días de noviembre. El presidente de Cluster Energético de Nuevo León, César Cadena, acusó a la empresa ferroviaria Kansas City Southern México que son cómplices al participar en la importación de 10 millones de litros de diésel de forma ilegal, aunque en la ley no se considera un acto ilícito porque no se determina que tanto pueden vigilar algo que no es de su propiedad.
La liberalización
Por décadas, Pemex se mantuvo como el único proveedor de combustibles en el país. Dominaba toda la cadena: desde la producción, importación, almacenamiento, distribución y comercialización; sin embargo, con la reforma energética de 2013 esto cambió, y fue hasta 2016 cuando se inició en México la liberalización del mercado, permitiendo la participación de empresas privadas, nacionales y extranjeras, en todos los eslabones de la cadena.
De acuerdo con un reporte de la consultora PetroIntelligence, actualmente existen 12 mil 817 permisos para vender combustibles en el país, pertenecientes a 6 mil 17 grupos empresariales, lo que ha traído como consecuencia que hoy existan en México 266 marcas comerciales distintas a Pemex.
De esas más de 12 mil estaciones, 34 por ciento vende combustible que no es de Pemex.
Pocos días, mucha demanda
La necesidad de almacenamiento de combustibles en México debe ser prioritaria. Datos de la Sener reconocen que en México existe inventario suficiente para hacerle frente a menos de tres días sin suministro de combustibles.
Pese a que Pemex tiene una capacidad nominal de almacenamiento de 26 millones de barriles, sólo se aprovechan 11.2 millones; a cinco años de la liberalización del mercado, las empresas privadas consiguieron una capacidad de 10 millones de barriles.
Un reporte de OPIS detalla que actualmente existen 14 terminales de almacenamiento de empresas privadas en el país, de la cuales 12 están operando, una suspendida que opera SSA Marine y Monterra, así como una más de IEnova en Puebla, que está en fase de arranque.
