La Secretaría de Energía (Sener) pretende terminar con el mercado competitivo del gas natural en México, requiriendo a manera de obligación a que el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) deje de vender capacidad en el Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural (Sistrangas) a los comercializadores distintos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Así, una docena de estos comercializadores distintos, como Shell, BP y Trafigura, entre otros, tendrían que cambiar sus contratos de adquisición del gas de sus vendedores primarios, por un contrato con alguna de las dos estatales energéticas. Ello, porque a la vez se “exhorta” a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a que cambie los términos y condiciones de la contratación de la compra del gas natural.
Esto debe ocurrir en un plazo “razonable” menor a 60 días, pero aun si la CRE no tiene tiempo de cambiar las reglas, el Cenagas ya debe (a petición de la Sener) de dejar de prestarles capacidad a menos que prueben que adquirieron el gas a Pemex o a la CFE.
«Esto constituye una venta atada: de la cesión de capacidad de transporte sólo si se compra la molécula a las empresas del Estado. Es el regreso al monopolio, incluso del gas importado, no sólo del gas nacional en su producción, como antes”, dijo al respecto la analista del sector energético Miriam Grunstein.
A mediados de este mes, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, envió un oficio a la CRE y al Cenagas con instrucciones para modificar regulaciones y contratos de transporte de gas natural del Sistrangas. Esto, para que se utilice la capacidad sobrante de CFE en sus ductos, misma que la empresa está pagando sin ser utilizada, refiere el documento.
En el caso de Estados Unidos, la capacidad de importación es de 8,200 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales se utiliza 41%, mientras que en México la CFE tiene contratos de transporte por 18,000 millones de pies cúbicos diarios y se utiliza el 68 por ciento.
«Lo anterior, resulta en erogaciones de CFE por recuperar equivalentes a 10,000 millones de pesos anuales», expone el oficio de Nahle. El Sistrangas tiene capacidad de 5,900 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales 2,900 corresponden a la CFE y 800 millones a Pemex. Los privados tienen casi 1,700 millones reservados, de los cuales utilizan cerca de 1,300 millones. Pero, además, hay otros alrededor de 4,200 millones de pies cúbicos en ramales distintos en el país, pero que aunque no forman parte del exhorto, se verán afectados, porque el transporte de gas termina funcionando como red.
Legalidad del exhorto
Quien fuera titular de la Unidad de Gestión Técnica y Planeación del Cenagas, hoy consultor de asuntos energéticos en Gadex, Eduardo Prud’homme, dijo a El Economista que de facto no existe obligación para que se lleve a cabo la instrucción de la Secretaría de Energía, pero que dada la elección de comisionados de la CRE –donde todos menos uno fueron elegidos por la actual administración y sin la aprobación del Senado por falta de tiempo para acuerdos– y el Cenagas es todavía un desconcentrado del Ejecutivo, tanto un requerimiento como un exhorto son básicamente órdenes.
“¿Qué si es legal? Sí, la Secretaría de Energía tiene la obligación de conducir la política energética nacional, pero la Ley de Hidrocarburos especifica que en materia de gas natural deberá hacerlo mediante el acceso abierto y no discriminatorio, que impulse la competencia en las redes, por lo que sí, con esta política se viola la ley”, aseguró el especialista.
Lo anterior provocará que los comercializadores cambien sus contratos para no perder sus negocios, trasladando el costo adicional que genere la contratación con Pemex o CFE a los clientes finales –quienes a su vez decidirán si quedarse con ese comercializador o irse directamente con las estatales–, aseguró Prud’homme.
Amparos
Independientemente de que la práctica de ventas atadas deberá generar una reacción de la Cofece, dentro de sus obligaciones de denunciar este tipo de prácticas contrarias a sus principios legales, los comercializadores pueden haber iniciado ya los procesos de amparo, puesto que hace falta que se violenten derechos adquiridos de manera individual hacia los comercializadores y el propio Cenagas ya ha buscado comercializadores para explicarles la situación.
Por lo pronto, explicó a El Economista Efraín Téllez, socio de Enix, especialista en mercados y regulación del sector energético y quien fuera director de Análisis Económico de la CRE, que la medida aplica para los contratos que se renovarán, lo que ocurre en verano. En cuanto la CRE intente modificar los términos y condiciones se vendrá el grueso de los procesos legales.
“Básicamente están cerrando el mercado del gas natural y es para no perder el control de la capacidad, capacidad que podrían vender y hacer líquida, obtener recursos en el largo plazo con contratos a base firme (de largo plazo), pero no lo hacen, se trata de tener el control, aunque no tengan la capacidad ni la logística para operarlo”, dijo.
