Tras la desestimación de la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la LIE, la 4T se apresta a revocar los permisos de autogeneración y revisar los términos de los suministradores privados de la CFE.
“Estamos en el peor de los escenarios con miras a que se paralice incluso hasta finales del sexenio cualquier avance positivo del sector eléctrico”.
Paolo Salerno, socio fundador de Salerno y asociados.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene un total de 1,267 permisos autorizados para todas las actividades de la cadena eléctrica, ya sea en operación, construcción o a punto de arrancar, y de éstos, 444 permisos corresponden a las actividades legadas de autoabastecimiento y productores independientes de energía (PIE), mismos que tras la decisión de la Corte de desestimar la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, serán revisados, aunque tienen inversiones estimadas por 194,750 millones de dólares en la capacidad que asciende a 31,750 megawatts, lo que equivale a 37% de la capacidad instalada en el país.
Como afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno tiene hasta las resoluciones de los amparos en juzgados de distrito la atribución de revisar y cancelar todos los permisos que se han otorgado en materia eléctrica si encuentra alguna ilegalidad. Lo anterior se refiere particularmente al régimen de autoabastecimiento en el que hoy hay 410 permisos registrados en la base de datos de la CRE, aunque según la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tienen más de 77,000 socios que no pertenecen a su corporativo, lo que el gobierno considera ilegal. Éstos tienen una capacidad instalada de 13,614 megawatts, equivalente a más de 15% de la capacidad nacional. De éstos, 374 permisos se encuentran en operación y 36 aún en construcción por adecuaciones, con lo que la propia CRE establece que se han invertido 61,283 millones de dólares en esta infraestructura desde 1992.
El otro régimen que quedó legado en la reforma del 2013 de la legislación que se estableció en 1992, con la fundación de la CRE y la primera posibilidad legal de participar a los privados en la generación de energía del país es el de productores independientes de energía (PIE), diseñados para venderle directamente a la CFE, pero que con las adecuaciones del 2013 lograron tener excedentes que venden al mercado implementado en esa reforma, lo que la actual administración considera también como un abuso.
Los permisos bajo la modalidad de PIE son únicamente 34, pero tienen una capacidad instalada de 18,136 megawatts, que es el 21% de la capacidad instalada nacional. Así, cuentan con infraestructura con una inversión histórica estimada en 133,467 millones de dólares, según las inversiones estimadas por la CRE.
“Nuestro máximo tribunal fue claro y preciso al declarar la constitucionalidad de diversos artículos con las siguientes consecuencias favorables para el Estado y la CFE: se revisarán y revocarán los permisos de autoabastecimiento encuadrados en la grave irregularidad del fraude e la ley. Existen 234 autoabastecimientos, de los cuales 110 son ilegales y tienen 77,000 socios-clientes, ya que se compra-venden energía eléctrica y capacidad”, dijo el gobierno federal el viernes, en un documento difundido a periodistas que cubre la fuente de Presidencia.
“Se revisará la legalidad y rentabilidad financiera para el Estado de los contratos de producción independiente, los cuales, en su caso, deberán ser renegociados o terminados anticipadamente. A estas centrales de producción independiente se les paga el 100% de la energía por parte de la CFE, aunque esta no se entregue”, se consigna en el documento, emitido un día después de que se desestimara la acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores de oposición contra las reformas decretadas en marzo del 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, que buscan fortalecer a la CFE.
Riesgo físico para las redes
Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de invalidar la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica tras la acción que interpusieron miembros de la oposición en el legislativo, se ha puesto al país en la peor situación de certidumbre no sólo en términos financieros y de atracción de inversionistas, sino de posibilidades de mejorar la red de transmisión en la que cada vez habrá más alertas de interrupciones, consideró el especialista en mercados energéticos y socio fundador de Salerno y Asociados, Paolo Salerno.
El experto explicó a El Economista que incluso se comenzará a hablar de dos sectores: el que cuenta con amparos para operar y el que no se amparó y por tanto recibe la aplicación de la llamada Ley Combustóleo.
“Estamos en el peor de los escenarios con miras a que se paralice incluso hasta finales del sexenio cualquier avance positivo del sector eléctrico”, aseguró el analista.
