El gobierno ha recrudecido su lucha por el control eléctrico, con una iniciativa de reforma, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha causado más choques con el sector privado y una confrontación de los tres poderes tras una decisión en favor de la libre competencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
«No es monopolio, es rectoría del Estado y en este momento la rectoría del Estado el presidente ha decidido que sea a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)», argumentó Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
López Obrador impactó al sector al enviar una iniciativa preferente al Congreso, para que en un plazo de 30 días reforme la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
La principal modificación implica que el despacho eléctrico priorice a las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, sobre las centrales privadas de renovables y por último las de ciclo combinado.
En la exposición de motivos de su iniciativa, que ya está en comisiones de la Cámara de Diputados, el presidente justificó «fortalecer a la empresa productiva del Estado, CFE, para beneficio del interés nacional».
El principal impacto de la reforma, según Federico Muciño, director general de la consultora energética Epscon, es restringir los esquemas de autoabastecimiento para que las empresas generen su propia electricidad.
También elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que puede participar el sector privado para abastecer a la CFE.
Asimismo, cambia las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) para que las plantas viejas de la CFE accedan a ellos, en detrimento de las nuevas centrales privadas de renovables.
La iniciativa también ordenaría revisar la «legalidad y rentabilidad» de los contratos del Gobierno federal con productores independientes de energía.
«Esta acción lo que hace es cambiar las reglas del juego de manera retroactiva y hacer completamente inviable modificar las consideraciones de la inversión», consideró el director de Epscon.
El conflicto ha escalado a los tres poderes de Gobierno, ya que la SCJN declaró inconstitucionales más de 20 puntos de la política que la Secretaría de Energía (Sener) emitió en mayo pasado, con lineamientos similares a los de la iniciativa.
