La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) va a provocar “una ola de amparos de todos los generadores de energía, los que participaron en las subastas, los generadores del régimen legal anterior, así como los que construyeron proyectos “merchant” para el nuevo mercado eléctrico”, advirtió David Berezowsky, abogado del despacho Foley Arena en México.
“Viene un problema serio para el país. La aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica tensará aún más el ambiente con los inversionistas, nacionales y extranjeros. En estos días veremos la promoción de un número considerable de amparos por el sector privado y ONGs, así como controversias constitucionales por los entes competentes, y pronto empezarán los arbitrajes internacionales bajo la cobertura de los diferentes tratados internacionales que ha celebrado México”, aseguró Berezowsky.
Esto se debe a que, con la reforma, “vendrán cancelaciones de permisos de generación que fueron otorgados bajo el régimen de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, entre ellos el autoabasto y la cogeneración, así como los IPPs”.
De manera destacable, el abogado de Foley Arena comparó el efecto económico de la modificación a la LIE, con el que tuvo la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional (NAIM), ya que prevé el surgimiento de procedimientos de arbitraje internacional de diversas empresas, amparados bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), el Tratado de Asociación Transpacífico, y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.
“Este giro a la ley se puede considerar una expropiación indirecta bajo la cobertura de los tratados internacionales. Los inversionistas llegaron a invertir a México con unas reglas que hoy están cambiando. Sin embargo, una expropiación directa de activos sería complicada, porque el Estado no tiene los recursos para nacionalizar la industria eléctrica”, aseguró.
David Berezowsky consideró que “es indispensable la participación privada”, ya que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad no pueden satisfacer al 100 por ciento la demanda energética del país, por tener niveles importantes de indisponibilidad.
Luego de la aprobación a la modificación de la LIE, el especialista opina que “esto tendrá como consecuencia que la energía sea más cara para todos, por lo que el Estado acabará subsidiando el costo para el servicio básico y los que sufrirán las consecuencias directas serán el sector comercial e industrial”.
Finalmente, destacó los efectos ambientales y el incumplimiento a las metas de reducción de gases de efecto invernadero y de transmisión energética, acordadas en el régimen anterior en tratados internacionales.
