La acumulación de requerimientos por parte del SAT, SENER, ASEA, CNE y CONUEE está rebasando la capacidad estructural y administrativa de las empresas.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha iniciado el periodo de pruebas para el envío de Controles Volumétricos. Aunque esta medida puede parecer una extensión del programa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) amplió desde 2022 para permisionarios y usuarios finales, los nuevos requerimientos adoptarán —al menos en su inicio— el mismo formato exigido por la autoridad fiscal para sustituir los reportes estadísticos actuales.
Si bien estos reportes de la CNE reemplazan algunas obligaciones vigentes, también evidencian el drástico incremento de la carga regulatoria. Hoy, los permisionarios del sector energético deben sortear un complejo ecosistema de exigencias: desde el cumplimiento de la nueva NOM-020 de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), hasta los reportes de consumo y el desarrollo de Sistemas de Gestión de Energía requeridos por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE).
Nadie cuestiona que el combate al robo de combustible es un objetivo necesario que beneficia a todos. Sin embargo, la acumulación de requerimientos por parte del SAT, SENER, ASEA, CNE y CONUEE está rebasando la capacidad estructural y administrativa de las empresas. Las consecuencias de esta sobrecarga son tangibles: tan solo durante octubre de este año, la CNE revocó 141 permisos de comercialización y dos de transporte por incumplimientos en las condiciones de los permisos y el envío de reportes de las actividades permisionadas.
El panorama a corto plazo no parece estabilizarse. De acuerdo con el Reglamento de la Ley del Sector Hidrocarburos, aún está pendiente la emisión de diversos formatos para nuevas obligaciones de reporte. Esto forzará a las empresas —tanto permisionarios como usuarios— a una carrera contra reloj para regularizarse, enfrentar la pérdida de sus permisos o paralizar sus operaciones.
Las nuevas obligaciones también impactan directamente a los consumidores. En agosto de 2026, la CNE publicó el programa de regularización de despachos de autoconsumo, el cual establece que todo usuario que reciba combustibles para uso en vehículos —independientemente de su giro comercial— tiene hasta el 31 de diciembre de este año para registrarse.
A la par, la autoridad anunció la próxima apertura de otro proceso de regularización dirigido al sector industrial. Aquellas empresas que cuenten con instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos para autoconsumo y los utilicen en sus procesos productivos, deberán someterse a un programa de registro para su posterior solicitud de permiso.
Las consecuencias por omisión son severas: los consumidores que no cumplan con estos registros enfrentarán la clausura de sus instalaciones. De igual forma, los comercializadores que suministren hidrocarburos a instalaciones no registradas se exponen a la revocación inmediata de sus permisos.
A este complejo escenario se suman riesgos operativos y legales críticos. Desde ENEGENCE hemos apoyado al sector energético en atender e implementar las acciones que correspondan para que puedan cumplir con los tiempos y diversos requerimientos a fin de evitar sanciones. Los permisionarios corren el riesgo de reportar de forma errónea actividades que son completamente lícitas. Además, los usuarios finales enfrentan el desafío de no fallar en la detección de compras de combustible ilícito y la gestión, operación y la administración de permisos con una creciente carga regulatoria. En ambos escenarios, un error administrativo o de supervisión puede derivar en graves repercusiones de operativas y penales para las empresas.
*José Buganza
Director general de la consultora Enegence
Encuentre la nota en: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/2026/11/10/incremento-en-carga-regulatoria-en-el-sector-energetico-y-su-impacto/
