El pasado 29 de abril, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) dio a conocer un proyecto de acuerdo para revocar 125 permisos de comercialización a comercializadores que hayan incurrido en incumplimientos, de acuerdo con el artículo 55 de la Ley de Hidrocarburos publicada en 2014 pues, aunque las modificaciones a la misma ya habían sido aprobadas, hasta ese momento no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El martes 4 de mayo, en su edición matutina, se publicó el decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Hidrocarburos, que buscan fortalecer a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) dentro del mercado energético, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos que, de acuerdo con expertos en la materia, resultan ambiguos y poco específicos.
La revocación de permisos se daría en caso de que los comercializadores no hayan utilizado su permiso o, de igual forma, que hayan incumplido con algunas obligaciones que dicta la CRE, como los reportes trimestrales y semanales.
No obstante, y como se ha expuesto anteriormente, dichas “obligaciones” no se especificaron dentro de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, por lo que existe una gran incertidumbre entre permisionarios y empresarios. Luego de que la Ley fuera decretada en el DOF, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), una de las organizaciones más importantes del país en representación del sector gasolinero, emitió un comunicado en el que solicita a las autoridades llegar a un diálogo para aclarar las obligaciones que debe cumplir el permisionario.
“Está muy ambiguo, no dice exactamente qué, algunos pudieron equivocarse en la suma del reporte estadístico, o que hayan facturado mal, como pasó con algunos, o cualquier otra situación y por eso están en ese listado”, comentó Beatriz Marcelino Estrada, directora general de la consultora especializada Grupo Ciita, en entrevista.
En este sentido, la Iniciativa Privada (IP) espera que, en caso de ser acreedores a una suspensión y/o revocación, se notifique a través de la Oficialía de Partes Electrónica de la CRE, una herramienta digital, dirigida a usuarios legal y previamente autorizados por la autoridad, que permite al órgano regulador realizar actuaciones electrónicas.
Recursos Legales
Hasta el momento, los permisionarios que podrían ser afectados por las nuevas disposiciones aún trabajan en obtener amparos; sin embargo, no todos se encuentran en esa situación. La incertidumbre se ha hecho cada vez más grande, y son los participantes del mercado quienes consideran que interponer un recurso legal podría traer consecuencias o, incluso, llegar a ser contraproducente en su inversión y patrimonio.
Una vez que el permiso sea revocado, los permisionarios también cuentan con el recurso de un juicio de unidad. En este caso, es posible solicitar una auditoría para demostrar el cumplimiento de la Ley; sin embargo, esto podría tardar hasta 9 meses, tiempo en el que les sería imposible operar.
¿Qué significa perder un permiso?
Para un comercializador, perder un permiso representa la pérdida de un negocio que requirió la inversión de más de 30 millones de pesos, solo para comprar combustible importado, pues esta actividad se realiza mediante prepago. De la misma forma, cabe destacar que muchos de estos negocios son empresas medianas ya establecidas, que dan empleo a cientos de personas.
A pesar de que se ha criticado que la reforma energética de 2014 le abrió la puerta a la inversión extranjera, es importante recordar que las franquicias son operadas por empresarios mexicanos que, a su vez, emplean a otros mexicanos. Revocar un permiso de comercialización, sin especificar los motivos por los que se realiza, pone en riesgo la economía nacional.
Por otra parte, los expertos no descartan que Pemex llegue a sufrir un desabasto de combustible, pues en repetidas ocasiones han asegurado que la estatal “no tiene la capacidad suficiente de almacenamiento, ni de distribución, ni personal, ni recursos económicos para poder abastecer a todo el país”.
Futuro inmediato
La IP ya realiza diagnósticos para revisar el cumplimiento de los regulados al margen de la Ley, en todos los niveles: comercialización, distribución, almacenamiento, importación. Sin embargo, consideran que es necesaria una mesa de diálogo con las autoridades, para lograr mayor claridad en las leyes y, como resultado, una menor cantidad de permisos revocados.
A pesar de la presión que las autoridades ejercen actualmente, el sector privado espera mantener un equilibrio entre la calidad y los precios que tiene el mercado hasta el momento; no obstante, este último se define principalmente por el mercado internacional y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que determina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
