La estatal ha pasado de tener una relación áspera con quienes construyeron los gasoductos a plantear nuevos contratos.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha dado un giro respecto al discurso con las compañías privadas. De ser una compañía cerrada a la inversión privada y estar en contra de los gasoductos que se licitaron durante el sexenio pasado –hasta el extremo de llevar los contratos a una negociación–, la compañía ha pactado en los últimos años una serie de acuerdos con compañías para hacer más grande la infraestructura para importar gas desde Estados Unidos y llevarlo principalmente al sur del país.
La autosuficiencia marcada desde presidencia para dejar de importar combustibles no ha incluido al gas y la infraestructura se ha ampliado.
Algunas de las compañías que protagonizaron la renegociación de los gasoductos, en el primer año del sexenio obradorista, son ahora algunos de los grandes socios de la eléctrica nacional. Entre estos, Grupo Carso del multimillonario Carlos Slim –quizá el empresario más cercano al presidente– y la canadiense TC Energía –conocida previamente como TransCanada–.
Esta última es quizá la que ha logrado el acuerdo más ambicioso con la CFE: la continuación del gasoducto marino Texas-Tuxpan, al que han denominado como Puerta al Sureste. La finalidad de esta construcción bajo mar es llevar el gas que se importa vía marina desde Brownsville en Texas hacia Coatzacoalcos, Veracruz y Paraíso en Tabasco, una zona que ha interesado de manera particular al gobierno morenista.
El proyecto ha revivido críticas entre ambientalistas, pero su puesta en marcha está planeada para el año próximo.
Jennifer Pierce, quien lidera los trabajos de la compañía en el país, reconoció el año pasado en una entrevista con Expansión que la ubicación geográfica del proyecto fue una de las claves para cerrar la negociación con la administración de la CFE. El gasoducto apunta al sur del país, la región que desde el discurso político más se ha buscado priorizar.
El acuerdo marcó la vuelta de la cooperación entre la estatal dirigida por Manuel Bartlett y las compañías privadas.
Más tarde, en diciembre pasado, la CFE anunció un acuerdo con Gasoducto Centauro del Norte, una subsidiaria de Grupo Carso, para el desarrollo y construcción de un gasoducto en el norte del país de alrededor de 416 kilómetros. El proyecto, según los comunicados, suministrará la molécula hacia Baja California y Sonora, incluidas dos centrales que ahora mismo están en construcción
Las compañías no detallaron la inversión requerida. Pero como parte del acuerdo, la CFE tendrá una participación accionaria en el proyecto. Esta última ha sido una de las condiciones que la estatal ha puesto en todos sus últimos acuerdos.
El desarrollo será una continuación del gasoducto Samalayuca – Sásabe hasta Mexicali, y el monto de la inversión no ha sido revelado.
Sempra también se ha unido al grupo de compañías que ha reanudado la relación con la CFE: en julio de 2022 anunciaron la firma de al menos tres acuerdos, que incluían una nueva ruta del gasoducto Guaymas el Oro, un proyecto de licuefacción en Topolobampo, Sinaloa, y el desarrollo de una terminal de gas natural licuado en Salina Cruz, Oaxaca. Esta negociación logró que se reanudará el servicio del gasoducto Guaymas-El Oro.
Y en marzo pasado un último acuerdo fue firmado. La multinacional Engie anunció un convenio para la ampliación del gasoducto Mayakan, que llevará gas hacia la Península de Yucatán, una de las zonas más afectadas por los apagones y la falta de infraestructura de transmisión. La ampliación tendrá una conexión con Puerta al Sureste, el proyecto de TransCanada, en Cactus, Chiapas.
Todos los proyectos de la estatal se han centrado hacia el sur del país. Y en todos ellos, la eléctrica estatal ha tomado una participación accionaria y no sólo ha concesionado la infraestructura, como lo hacía anteriormente. Pero ninguno de estos estará listo en lo que resta del sexenio.
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