A casi un año de que la central Dulces Nombres fue desconectada, Iberdrola México no ha logrado que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) autorice los cambios necesarios en el permiso de generación para que vuelva a operar, mientras el ente regulador ha autorizado que varios socios bajen el switch para dejar de recibir el suministro de esa planta, así como de otras que administra la transnacional de origen español.
Aunque en el verano pasado la firma energética expresó confianza en la reconexión de la central ubicada en Pesquería, Nuevo León, el organismo regulador mexicano ha negado cambios a la autorización que le fue otorgada a la planta para ser un participante en el mercado eléctrico mayorista. A mediados de mayo dicha planta tuvo una multa histórica en el país por 9 mil 145 millones de pesos ante la venta ilegal de energía a sus socios. Sin embargo, un juez especializado otorgó la suspensión, aunque este proceso continúa siendo revisado para que proceda la sanción.
Lo anterior ha derivado de la política energética de la actual administración, la cual quedó asentada en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
La legislación fue modificada en 2021, pero quedó en firme luego de que la Suprema Corte sobreseyó tres controversias constitucionales que fueron interpuestas. La LIE da prioridad a la generación de la Comisión Federal de Electricidad cuando la energía es utilizada en el sistema eléctrico nacional por el Centro Nacional de Control de Energía.
Otro cambio relevante fue la revisión de contratos entre la empresa estatal y los productores independientes, además de la revocación de permisos de autoabastecimiento bajo el régimen de contratos legados por “fraude a la ley”.
