Para nadie es ya un secreto, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se convirtió en el principal obstáculo para el desarrollo de mercados competitivos en México, al bloquear el desarrollo de la iniciativa privada en México.
Recordemos que la CRE es una dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, y en concordancia con lo contemplado en artículo 28 de nuestra Constitución cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión.
La CRE, en la que nadie cree, tiene como propósito fundamental establecer las reglas claras del mercado energético para todos los jugadores, ya sean estos empresas públicas o privadas, por eso es importante su independencia, y un requerimiento forzoso para la competitividad de México. De ser el mediador en el mercado de petrolíferos y electricidad en el sector energético se convirtió en un apéndice del gobierno federal para favorecer a las empresas estatales: Pemex y CFE.
Es como si el árbitro en un partido de futbol estuviera favoreciendo a uno de los dos equipos, marcando penales o fuera de lugar a contentillos, de forma tal que el árbitro de repente se convierte en un jugador más del otro equipo.
En otras palabras, no importa quién tiene la propuesta más competitiva de energía, sino que el Estado tenga la rectoría del sistema eléctrico nacional; esto es, favoreciendo a las empresas estatales sean o no las que mejor servicio ofrezcan o las que generen el precio más competitivo posible y que finalmente favorezcan al usuario final.
Es por esta simple razón que los mercados energéticos no se deben regular solos o unilateralmente; se requiere de un mediador independiente que asuma la responsabilidad de generar equilibrios correctos y responsables, de otra manera estaría renunciando a su propósito, distorsionando con su debilidad la competencia económica justa.
Al supeditar la CRE sus decisiones a las prioridades de política energética dictadas desde Palacio Nacional, México incumple con la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y desde luego con los compromisos adquiridos en tratados internacionales, beneficiando regulatoriamente a Pemex y CFE sobre jugadores privados.
Por ello, y ante la falta de atención a las denuncias y las acciones legales presentadas ante la CRE y Gobierno Mexicano, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció, la solicitud de consultas para la solución de controversias al amparo del Capítulo 31 del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Las acciones reclamadas por el Gobierno norteamericano son:
- a) Las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.
- b) El retraso, negativas e inacción por parte de la Comisión Reguladora de Energía para el otorgamiento de permisos en materia de hidrocarburos y electricidad. De 300 permisos que se daban en el 2019, ahora en 2022 se dan apenas 20.
- c) Postergar la obligatoriedad para Pemex de cumplir con la regulación de contenido máximo de sulfuro en diésel.
- d) Las recientes políticas adoptadas por el Cenagas a raíz del oficio SENER.100/195/2022 emitido por la Secretaría de Energía relativas a la obligatoriedad para los usuarios del Sistrangas de adquirir el gas natural de CFE.
Es claro que son las acciones de política pública y regulatorias del Estado Mexicano las que han impactado negativamente a las empresas privadas mexicanas o extranjeras del sector energético, con el único propósito de beneficiar a la CFE y a Pemex, sin que eso se refleje en beneficios para los usuarios finales.
Finalmente, ¿qué tenemos actualmente? Una CRE sin comisionados, con un presupuesto reducido para hacerla en la práctica ineficiente, se han perdido funcionarios técnicos de carrera que tomará mucho tiempo volver a generar y, desde luego, se ha convertido en un regulador de las instrucciones que les direcciona el presidente, en lugar de cumplir con la Ley y los Tratados Internacionales; eso no se verá como un argumento razonable en un arbitraje internacional. Solo perdemos tiempo, y ya nadie cree en la CRE. #OpiniónCoparmex
*Reginaldo M. Esquer Félix es vicepresidente nacional de Estado de Derecho, Seguridad y Justicia de Coparmex.
