Con datos oficiales a marzo de 2023, 23.91% de la energía eléctrica que se produce y consume en México proviene de fuentes limpias, esto es, energía hidroeléctrica, nuclear, geotérmica, eólica, por biomasa o fotovoltaica. La meta a la que México se ha comprometido en el ámbito internacional y a través de nuestras leyes establece que para 2024 el país debe producir por lo menos 35% de su electricidad a partir de combinaciones de ese tipo de tecnologías. Estamos muy lejos del objetivo; algo se tiene que hacer para cerrar la brecha. El Gobierno federal puso sobre la mesa una solución, digamos, creativa, pero también polémica, y probablemente ilegal.
El pasado 26 de mayo la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó un acuerdo por medio del cual actualiza un concepto llamado ‘energía libre de combustibles’, que data de 2010, cuando se validó como energía limpia con el propósito de establecer una metodología de costos para transmisión de la electricidad proveniente de fuentes renovables y plantas de cogeneración eficiente. Entonces, al aplicar dicho concepto en el nuevo acuerdo, se pretende que cierta proporción de electricidad generada a partir de plantas de ciclo combinado –gas natural y vapor de agua (cogeneración eficiente)– se contabilice como ‘energía limpia’. Así, el país cumple con sus compromisos internacionales ipso facto.
Sin embargo, la industria, organizaciones de la sociedad civil y académicos han manifestado preocupación. Algunas organizaciones de la sociedad civil en materia ambiental han expresado disenso con este acuerdo y probablemente acudirán al amparo para detener su aplicación por poner en peligro el acceso a un medioambiente sano para la población. Desde México Evalúa tenemos tres preocupaciones…
Primera: observamos que la norma mexicana no sería consistente con los criterios internacionales, lo que pondría en entredicho las certificaciones de consumo de energía limpia que la industria requiere. La combustión de gas natural puede liberar otros contaminantes como óxidos de nitrógeno. Por ello, la Agencia Internacional de la Energía y la Unión Europea no han emitido directrices definitivas para reconocer al gas natural como energía limpia, aun cuando reconocen que el combustible es necesario para la transición energética. En el escenario creado por el nearshoring, ¿cómo vamos a garantizar a la industria el suministro de energía limpia?
Segunda: al ampliar la definición de energía limpia con el fin de incluir la generada de plantas de ciclos combinados (aunque sea proporcional), se disminuye el incentivo para invertir en fuentes de energía verdaderamente limpias, pues al reclasificar la cogeneración eficiente como energía limpia, ésta aportaría 7.35% del total de energía limpia del país, con cifras del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. Recordemos que la CFE opera actualmente 44 centrales de ciclo combinado, que generan más del 57% de la energía eléctrica en México. Sin embargo, la demanda seguirá creciendo probablemente a tasas no menores al 2.5%.
Y tercera: la falta de debido proceso en la expedición de la regulación. Y es que la CRE solicitó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) la exención del análisis de impacto regulatorio que evalúa costos y beneficios de la regulación y somete a consulta pública el proyecto regulatorio (y le fue concedida). Con ello, la CRE y la Conamer cerraron toda posibilidad de diálogo con la sociedad y alimentaron al ‘sospechosismo’ que apunta hacia una distorsión en el mercado de certificados de energías limpias. Si, según la CRE, la regulación es válida y no provoca ningún costo adicional a los regulados, ¿por qué brincarse el debido proceso y, quizá, la ley? Ya un ciudadano comentó en la plataforma de la Conamer: “Esto viola el Artículo transitorio Décimo Sexto, inciso IV, de la Ley de Transición Energética, que menciona: ‘La generación eléctrica mediante ciclos combinados no podrá considerarse como cogeneración eficiente’”.
