Ninguno de los cambios hechos al mercado energético por la administración federal ha logrado echarse a andar, debido a los amparos interpuestos por organizaciones ambientalistas y el sector privado.
La Secretaría de Energía (Sener) ha recibido más de 1,300 amparos de parte de compañías privadas y de organizaciones, en contra de los cambios regulatorios hechos al marco jurídico del mercado energético derivado de la reforma de 2013, dijo Rocío Nahle, la titular de la dependencia, en su comparecencia ante la Cámara de Senadores.
Nahle, en su defensa a los cambios realizados, aseguró que esta serie de procesos judiciales se convirtieron en uno de los motivos por los que se presentó una iniciativa constitucional hace unas semanas, que por ahora aún no tiene fecha de discusión, ni de votación ante el pleno. “Por esta razón, entre otras, el titular del ejecutivo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presentó el pasado 31 de septiembre una reforma constitucional”.
Las modificaciones al marco regulatorio comenzaron en 2019, cuando se intentó cambiar la forma en que se emiten los Certificados de Energías Limpias (CEL), para que las viejas centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los obtuvieran, continuaron con la emisión de la política de confiabilidad en mayo del año pasado y con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, todo pausado por juzgados especializados en competencia y por algunas resoluciones de la Suprema Corte.
Los amparos en contra de la Sener se levantaron también por las regulaciones que buscaron poner pausa a las pruebas necesarias para poner en marcha las centrales eólicas y solares y las reformas a la Ley de Hidrocarburos.
Organismos como la Comisión Federal de Competencia (Cofece) también han hecho uso de instrumentos jurídicos para intentar frenar los cambios al sector, que tienen como fin dar marcha atrás a lo propuesto por la reforma de 2013.
Nahle ha defendido ante los senadores la reforma enviada por el presidente y ha dicho que ésta “no tendrá ningún costo financiero” para los privados. También ha asegurado que la iniciativa no es de carácter expropiatorio, a pesar de que la reforma cancela de facto todos los contratos hechos antes de la entrada del sexenio.
“No se va a expropiar ninguna infraestructura, la ya existente podrá seguir participando con su 46%. [La reforma] obligará a los privados a competir en un mercado justo y productivo, llevando al mercado eléctrico a las buenas prácticas comerciales y empresariales”, apuntó.
