Para que esta transición sea efectiva y sostenible, debe trascender los límites de un plan de gobierno y convertirse en una política de Estado.
Mucho se ha hablado, en el contexto actual de crisis climática y dependencia de combustibles fósiles, sobre la transición energética como una necesidad imperante. Los recientes anuncios de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia energética, pusieron nuevamente el tema en la palestra.
Sin embargo, para que esta transición sea efectiva y sostenible, debe trascender los límites de un plan de gobierno y convertirse en una política de Estado. Este enfoque asegura la continuidad y coherencia en los esfuerzos, independientemente de los cambios políticos.
En Latinoamérica hay dos casos muy interesantes que demuestran precisamente cómo políticas de estado sólidas ayudan a acelerar la adopción de fuentes de energías limpias: Chile y Brasil.
Desde hace más de una década, Chile ha implementado una serie de reformas y proyectos que han contado con el apoyo transversal de los actores en diferentes administraciones. La Estrategia Nacional de Energía, lanzada en 2012, y la Ley de Energías Renovables No Convencionales, son pilares que han permitido a Chile avanzar significativamente en la adopción de energías limpias. Hoy en día, Chile es líder en la región en la generación de energía solar y eólica.
Brasil, por su parte, ha demostrado una notable continuidad en sus políticas energéticas. A pesar de los cambios de gobierno, el país ha mantenido su compromiso con la diversificación de su matriz energética. El Programa de Incentivo a las Fuentes Alternativas de Energía Eléctrica (PROINFA), iniciado en 2002, y el continuo desarrollo de su capacidad hidroeléctrica, son ejemplos de cómo Brasil ha logrado integrar la transición energética en su agenda nacional a largo plazo.
¿Y en México?
Actualmente, México enfrenta una coyuntura energética clave. Si bien se han logrado avances en la diversificación de la matriz energética, el país sigue dependiendo de los combustibles fósiles en un porcentaje considerable. La necesidad de “enverdecer” esta matriz es cada vez más urgente para cumplir con los compromisos climáticos internacionales.
La clave para el futuro energético de México radica en acelerar la transición hacia energías renovables, incrementando la capacidad de almacenamiento de energía y optimizando la infraestructura de transmisión eléctrica. Además, tecnologías emergentes como las baterías avanzadas y el uso de redes inteligentes serán cruciales para garantizar un suministro más estable y confiable. Es fundamental que la participación del sector privado se amplíe, con esquemas que permitan desarrollar proyectos de gran envergadura sin costo directo para los gobiernos.
Para lograr todo esto, es fundamental que la transición energética se establezca como una política de Estado, brindando continuidad en los proyectos, así como un marco regulatorio estable y predecible que permita atraer inversiones en infraestructura.
El camino de la transición energética es largo, y no se ve igual para todos los países, pero México ya cuenta con una gran ventaja en la abundancia de sol y viento en muchas regiones. El contexto global hace de este momento el ideal para buscar un gran acuerdo nacional, donde actores públicos y privados de todos los sectores hagan un compromiso con un futuro sostenible para el país. Los modelos de éxito están allí.
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