ONG ambientalistas y empresas de generación renovable van por amparos para suspender los ordenamientos, pues acusaron un golpe a los esfuerzos para descarbonizar al sector eléctrico en México.
En el preciso momento en que entró en vigor con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo ordenamiento que reconoce como energía limpia a la generación mediante vapor de agua de los ciclos combinados a gas, tanto organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas como empresas eólicas y fotovoltaicas rechazaron este acto de autoridad de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), lo que los llevará a ampararse en juzgados en materia de competencia para suspender los ordenamientos, como ya ha ocurrido en esta administración.
En primer término, la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) y la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), que agrupan a las empresas que generan energía renovable en México, se pronunciaron contra el Acuerdo argumentando que desvirtúa los esfuerzos para descarbonizar al sector eléctrico, que es un compromiso internacional ante la Organización de las Naciones Unidas que el gobierno está ignorando, además de que pasa por alto el objetivo de la Ley de Transición Energética (LTE), que es el instrumento legal para combatir al cambio climático con que cuenta el país.
“El Acuerdo aprobado el 24 de mayo por la CRE, y publicado el viernes 26 en el DOF, incrementa artificialmente la cantidad de energía limpia en el sistema eléctrico, al considerar parte de la generación con gas natural en centrales de ciclo combinado como energía libre de combustible y la hace acreedora a Certificados de Energías Limpias (CEL)”, expresaron en un comunicado conjunto.
Y es que quienes formaron parte de las discusiones para que la LTE fuera aprobada casi un año después del resto de los ordenamientos de la reforma energética de la administración pasada, explicaron que los CEL fueron incorporados en la legislación nacional como un mecanismo para incentivar la descarbonización de la matriz energética e incrementar el porcentaje de electricidad con fuentes no fósiles del 20% en 2018 al 35% en 2024.
Para garantizar su función como indicador del avance en este proceso, la legislación dispuso requerimientos incrementales anuales para los consumidores de energía y no consideró a la generación con ciclos combinados de gas natural entre las tecnologías que ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Así que “la decisión de la CRE cambia por completo los supuestos y mecanismos previstos para conducir la transición energética y vulnera el andamiaje institucional que organiza y conduce los esfuerzos de mitigación de emisiones, ambos orientados a que el Estado mexicano habilite la garantía de un medio ambiente sano para sus ciudadanos”, según los industriales.
A su vez, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México; Iniciativa Climática de México (ICM) y Nuestro Futuro -que son las organizaciones no gubernamentales que sentaron el precedente de lograr la suspensión de dos ordenamientos del 2020 y 2021 en los que el Centro Nacional de Control de Energía y la Secretaría de Energía querían cambiar el orden de despacho de electricidad beneficiando a los fósiles de la Comisión Federal de Electricidad, amparándose con el argumento del derecho humano a la salud- que se está dando información equivocada sobre el progreso real de las energías renovables en el país: “con los cambios propuestos se estaría haciendo creer al mundo que nuestro país incrementa el porcentaje de energías renovables en nuestra matriz energética cuando en realidad no lo hace”.
En un acuerdo publicado la semana pasada, la CRE modificó los criterios para definir la energía limpia, de modo que, bajo sus nuevos parámetros, la energía generada por el vapor de las plantas de ciclo combinado a gas también debe considerarse energía limpia.
