El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que limitaría la generación privada de energías renovables para priorizar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa eléctrica del Estado.
Por ser de carácter preferente, el Congreso tendrá 30 días para discutir la iniciativa, que busca «fortalecer a la empresa productiva del Estado, para beneficio del interés nacional», como argumenta el presidente.
La reforma modifica el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas, que deberán priorizar la energía producida por las hidroeléctricas y plantas de combustibles fósiles de la CFE por encima de las plantas privadas eólicas y solares, y por último las de ciclo combinado.
«Desde hace más de tres décadas, en el marco de la política neoliberal o neoporfirista, se fue imponiendo un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica», expuso el presidente.
La reforma es un paso más allá de la política de seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que la Secretaría de Energía (Sener) publicó en mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el argumento que las renovables son intermitentes y afectan el suministro.
Esta política, que está suspendida por su revisión constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afectaría hasta el 14 por ciento del PIB, según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
La iniciativa preferente del presidente sorprendió, ya que no se había anunciado previo al inicio del último periodo de sesiones del actual Congreso, que comienza el 1 de febrero y termina el 30 de abril.
«Resulta urgente profundizar en los cambios ya iniciados en esta materia», estableció el líder izquierdista en su exposición de motivos. La nueva normativa también obligaría a que los nuevos permisos del sector estén «sujetos a los criterios de planeación» de la Sener.
También cambian las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) que pueden obtener las empresas particulares, y elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que puede participar el sector privado para abastecer a la CFE.
Asimismo, obliga a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revocar los permisos de autoabastecimiento, por lo que las empresas privadas no podrían generar la propia energía que consumen.
Por último, ordena revisar la «legalidad y rentabilidad» de los contratos del gobierno federal con productores independientes de energía.
El presidente aseveró que estas modificaciones respetan el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la reforma constitucional de 2013 que abrió el sector energético a la inversión privada.
«La Nueva Política Energética demanda ajustes a la Ley de la Industria Eléctrica», sostuvo el mandatario.
