Sectores industriales con la finalidad de mitigar los cargos operativos que representan los hidrocarburos en su matriz de costos optan por los autoconsumos.
Hoy día, la industria del transporte y la manufacturera aportan un 3.3% y un 20.7% del PIB nacional para el pasado 2024, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); mismos sectores productivos que utilizan productos refinados del petróleo de manera importante para su operación diaria, especialmente combustibles fósiles, aceites, lubricantes y líquidos; adaptando instalaciones para su almacenamiento y despacho como parte de su infraestructura operativa.
A esta modalidad de consumo y aprovechamiento de hidrocarburos, se le conoce por el marco legal en materia energética como autoconsumos y los operadores de éstos son considerados como “usuarios finales”, es decir, personas físicas o morales que no se dedican a la comercialización de hidrocarburos, pero sí los consumen en grandes cantidades.
De igual forma, estos sectores industriales con la finalidad de mitigar los cargos operativos que representan los hidrocarburos en su matriz de costos optan por los autoconsumos; evitando adquirir estos productos a precios al público en general en estaciones de servicio gasolinero o retailers y, obtener precios de mayoreo al comprarlos a distribuidores o comercializadores permisionados y regulados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Utilizando transportes propios y estos denominados expendios de autoconsumo.
En términos generales, es una excelente medida para obtener mayores rendimientos y reducir los costos operativos, sin embargo, también existe un lado oscuro: la adquisición de hidrocarburos de origen lícito no comprobable, es decir, el mal llamado “huachicol” (sea producto robado o de contrabando), que poco a poco ha ido ocupando un importante lugar en la operatividad industrial, sea intencionado o accidental, hasta llegar a ser un 30% del mercado nacional de combustibles y petroquímicos, según datos provistos por la Organización de Expendedores de Petróleo (ONEXPO).
Por ello, tanto la CRE y la Secretaría de Hacienda están desempolvando marco regulatorio en materia de autoconsumos vigente desde 2016 y que no son “nuevas leyes”, ya existían, pero son algunas de las enormes omisiones en las que incurrió la CRE entre 2016 y 2023; para ahora incorporar a estos sectores industriales a la regulación a la que también están sujetos los gasolineros y otros sujetos supervisados por estas autoridades.
En este sentido, la CRE ha comenzado (desde 2021) a supervisar y vigilar estas instalaciones de autoconsumo con auxilio de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, especialmente a las ubicadas en los patios de maniobras de centenas de empresas dedicadas al transporte e industria manufacturera; imponiendo medidas de aseguramiento y abriendo carpetas de investigación para verificar el origen lícito de los hidrocarburos contenidos en estos expendios de autoconsumo y, en su momento, instar a las empresas a regularizarlos, todo esto en el marco de la “sutil” forma de hacerlo por parte de las autoridades.
Igualmente, la Secretaría de Hacienda ha estado en una pugna con los sectores de petrolíferos desde 2022, para adaptar, adecuar y operar las reglas fiscales en materia de controles volumétricos, específicamente el contenido en los anexos 30 y 31 de la Miscelánea Fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria, por lo que en la última versión vigente a partir de este 2025 ya incorporan a las empresas y “usuarios finales” que tengan sistemas de autoconsumo de petrolíferos, hidrocarburos y petroquímicos.
Por último, la Secretaría de Energía en un doble aspecto ha fortalecido y flexibilizado ciertos puntos específicos de las Disposiciones Administrativas de Carácter General para la importación de petrolíferos y petroquímicos, siendo todas estas medidas que se enumeran con la finalidad de dar atención al enorme problema que representan los hidrocarburos de origen ilícito o “huachicol”, lo cual, dista de ser idóneo ya que cualquier medida de combate a la ilicitud no debe ir de abajo hacia arriba, sino atender a las causas en especial cuando en el análisis de las rutas críticas del “huachicol” en todas sus modalidades, implican a las propias autoridades.
Básicamente, se viene un 2025 de nuevos retos regulatorios a los que la industria del transporte y manufacturera no están acostumbrados o familiarizados, los cuales, lamentablemente ya no existe un plazo perentorio para atenderlos. Especialmente las reglas de la Miscelánea Fiscal impuestas por el Servicio de Administración Tributaria, dado el contexto de la rigurosidad en las sanciones fiscales y en materia penal, que ya integra a los delitos fiscales y relacionados con hidrocarburos como aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa. El tiempo apremia y las medidas de mitigación deben ser consideradas como prioritarias. Sin embargo, los retos son para superarse y en eso se distingue el sector empresarial mexicano.
Por Santiago F. Arroyo Seguedo*
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* Santiago F. Arroyo Seguedo es director de Desarrollo de Negocios para México y Latinoamérica en EGSA y, especialista en regulación y mercados energéticos.
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