El gobierno de México no está obligado a respetar ninguna norma de monopolios y competencia económica establecida en los tratados comerciales que ha suscrito el país, porque existen las reservas que impiden aplicarlas a la autoridad federal, aseguró la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
Al presentar el libro “La industria eléctrica en México y el acceso a la energía eléctrica como derecho humano”, la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comentó, al recordar la labor jurídica para discutir las controversias constitucionales contra la reforma eléctrica en 2021, que en los pactos comerciales hay reservas que sustentan esta idea.
“No está obligado el gobierno de México a respetar ninguna norma en materia de monopolios ni competencia económica. Ninguna… porque está la reserva”, destacó.
“No se aplican las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del primero, del segundo, del tercero del Transpacífico, hay una reserva enorme de que no le son aplicables las normas en materia de monopolio ni competencia económica al gobierno federal”, insistió.
Explicó que las reservas o medidas disconformes en los tratados de libre comercio son declaraciones unilaterales que son aceptadas por las otras partes para que no les apliquen ciertas disposiciones.
Ortiz Ahlf indicó que el gobierno mexicano no ha violado las normas, porque de acuerdo al artículo 27 constitucional, es la administración federal la que tiene la conducción del sector eléctrico.
Destacó que bajo esa premisa, los permisos son contratos que se pueden revocar y revertir al país, porque no se puede aplicar el derecho extranjero cuando es contrario.
Anotó que la intención de la reforma eléctrica de 2021 también era regular la situación del autoabasto, figura que sobrevivió a los cambios de 2013 y que utilizan la red de transmisión nacional para transportar la energía sin pagar y vender a terceros, lo cual va en contra de los intereses de la Comisión Reguladora de Energía /(CFE).
Sobre ver a la energía eléctrica como derecho humano, la ministra indicó que no es posible verla por separado del derecho a la educación o a la salud, porque la electricidad es necesaria para que la población tenga esos derechos.
