Desde la óptica del comercio internacional, Estados Unidos ya elevó su preocupación. En julio de 2022 la Representante Comercial de Estados Unidos solicitó consultas bajo el TMEC por medidas que, a su juicio, dan prioridad a CFE y a PEMEX sobre empresas privadas y extranjeras.
La negociación del capítulo energético del TMEC exige de México una mezcla poco común: firmeza para defender su “soberanía”, pero una prudencia que evite sacrificar la credibilidad externa por un proteccionismo mal calculado. Porque proteger a Pemex cuando arrastra una montaña de pasivos no es sólo una decisión política: es una apuesta con consecuencias macroeconómicas, comerciales e incluso reputacionales.
Desde la óptica del comercio internacional, Estados Unidos ya elevó su preocupación. En julio de 2022 la Representante Comercial de Estados Unidos solicitó consultas bajo el TMEC por medidas que, a su juicio, dan prioridad a CFE y a PEMEX sobre empresas privadas y extranjeras. Ese expediente no desapareció: es la base sobre la cual han proliferado llamados para presionar a México a corregir prácticas que podrían vulnerar compromisos del tratado.
¿Por qué el tema es urgente y delicado? Porque la empresa que la 4T insiste en proteger tiene números que hablan por sí solos. Pemex es la petrolera más endeudada del mundo: su deuda financiera se situó por encima de los 100,000 millones de dólares en los primeros meses de 2025. Esa magnitud condiciona políticas, prioridades de inversión y la capacidad del Estado para hacerse cargo de rescates reiterados.
Los pasivos totales de Pemex -que incorporan deuda financiera, obligaciones con proveedores y reservas para pensiones y demás rubros laborales- alcanzaron niveles colosales.
Al cierre de junio de 2025 el pasivo reportado superó los 4 billones de pesos, un volumen que equivale a casi la mitad del presupuesto público federal del año. Esa realidad fiscal convierte cualquier preferencia hacia la petrolera en un riesgo para las finanzas públicas.
A eso se suma la estructura laboral y sindical: Pemex enfrenta pasivos laborales elevados y un marco contractual que penaliza la eficiencia operativa. No es un juicio retórico: son factores que elevan costos operativos, retrasan procesos y reducen la flexibilidad necesaria para modernizar a la empresa pública.
El costo de no ser cuidadosos en la negociación es real y medible. Si las medidas señaladas como favorecedoras de Pemex y CFE fueran violatorias del TMEC, México podría enfrentar consultas formales, paneles de solución de controversias y, en el peor de los escenarios, sanciones y, ante el número indiscriminado de programas sociales que regalan dinero a diestra y siniestra, las finanzas no están para más boquetes.
Eso, a su vez, encarece el financiamiento, frena proyectos privados en renovables y gas, y limita la posibilidad de alianzas público-privadas que hoy son necesarias para recuperar capacidad productiva.
No se trata de negar la legitimidad de un proyecto de fortalecimiento del papel del Estado en sectores estratégicos. El Estado puede y debe sostener empresas públicas fuertes, pero hacerlo sin planes claros de saneamiento, con pasivos crecientes y sin garantías de eficiencia es invitar a más rescates financieros y diferendos con el principal socio comercial de México.
¿Qué debería hacer México en las negociaciones y en la política doméstica para evitar la trampa? Podría empezar alineando el discurso y la práctica porque si insiste en alcanzar la soberanía energética (que no logrará nunca), debe acompañarla con reglas de mercado claras que permitan cooperación con privados bajo términos no discriminatorios.
También podría evitar cambios regulatorios que den señales de arbitrariedad. Lo que más daño hace a las inversiones es la incertidumbre jurídica y regulatoria y, por supuesto, negociar en el TMEC con transparencia técnica. México debe presentar datos y compromisos para garantizar la competencia legal, no sólo retórica política.
La balanza entre defensa de la soberanía y responsabilidad fiscal no es neutra: inclinarla demasiado hacia la protección sin controles hará más costosa la factura social y económica en el mediano plazo.
México debe negociar desde la necesidad de proteger a sus empresas públicas, pero presentar soluciones creíbles que combinen soberanía, eficiencia y apertura con el piso parejo para todos.
Sobre la autora:
Correo: earzate2003@yahoo.com.mx
Twitter: @earzate2003
Facebook: Esther Arzate
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
Encuentre la nota en: https://forbes.com.mx/mexico-tmec-y-la-trampa-de-proteger-a-pemex-la-petrolera-mas-endeudada-del-mundo/
