A través de un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que las modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE), publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 11 de junio, violan los principios constitucionales que protegen la igualdad entre ciudadanos, la libre concurrencia y la libre empresa.
Asimismo, advierten que dicha reforma limitará el acceso de las empresas privadas del sector a autorizaciones o prórrogas para contar con un Lugar Distinto al Autorizado (LDA), para la entrada o salida de hidrocarburos, ya que la medida otorgará un beneficio exclusivo e indebido a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al ser los únicos que podrán importar y exportar en lugares distintos a los recintos fiscales.
“Esta disposición viola el principio de igualdad que debe regir entre las empresas participantes del sector energético, pues generará un impacto negativo en el suministro del combustible a los usuarios y usuarios finales que se abastecen a través de proveedores distintos a los que administra el Estado”.
La Coparmex considera que, con estas acciones, “la autoridad restringe la operación de las terminales marítimas privadas de almacenamiento de petrolíferos, y limita a las empresas privadas que importan combustibles de opciones de almacenamiento, la posibilidad de contar con puntos de internación y la diversidad de suministro para los usuarios finales, afectando la seguridad energética del país”.
De igual forma, refiere que “la nueva disposición representa una violación a la jerarquía normativa, puesto que restringe lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de la Ley Aduanera, en la que se establecen los requisitos para obtener la autorización o prórroga de la LDA”; además, “cambia intempestivamente las condiciones bajo las cuales operan distintos permisionarios y vuelve inviables proyectos de la iniciativa privada”.
Como en otras ocasiones, la Coparmex mostró preocupación sobre la desigualdad y afectación contra la libre competencia, la capacidad de las empresas y consumidores de acceder a fuentes de energía suficientes a costos competitivos.
Por otra parte, la posibilidad de que algunas terminales marítimas de importación privada se vuelvan inoperantes, pues al no ser empresas del Estado, no podrán renovar su LDA, “lo que viola el derecho de libre empresa y atenta contra la seguridad energética”.
Adicionalmente llama la atención la inclusión de restricciones a la exportación de minerales – que no está relacionada con la actividad y objeto de las empresas productivas del Estado- mismas que afectan la competitividad e incrementan los costos de un sector que exporta el excedente del mercado nacional.
“En Coparmex consideramos que esta modificación representa un daño a las inversiones comprometidas en el país, a la generación de empleo y merma la recaudación. Por ello, reiteramos la importancia de contar con reglas claras y equitativas que respeten el marco jurídico, que impulsen el sano desarrollo de la economía y el óptimo funcionamiento del sector energético nacional”, finalizó el documento.
