El cambio a empresas enfocadas en servicios públicos y no en la generación de valor es un riesgo, especialmente para Pemex por sus crecientes necesidades de efectivo; la calificadora también ve un freno en la inversión en energías limpias hasta que no haya claridad en leyes secundarias.
El desempeño financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría debilitarse producto de su reciente recategorización como empresas públicas, advirtió la calificadora Moody’s Ratings.
Luego de sumar el voto de 20 congresos estatales (se requerían al menos 17) el jueves 24 de octubre concluyó el trámite legislativo de la reforma constitucional en materia de empresas y sectores estratégicos que había sido avalada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República los pasados 10 y 17 de octubre, respectivamente.
El proyecto contempló modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, revirtiendo parcialmente la apertura total al capital privado que una reforma previa en el 2013 había decretado en los mercados de generación y suministro eléctricos.
Las nuevas modificaciones establecen una nueva denominación y objetivos legales tanto para Pemex, como para la CFE.
Ambas dejarán de ser “empresas productivas del Estado” para convertirse “empresas públicas”, de modo que su principal objetivo ahora será garantizar el suministro energético como un servicio público y ya no generar el mayor valor posible para el Estado, como preveía el texto constitucional hasta ahora.
“Su énfasis en garantizar el suministro de energía del país sin tener en cuenta los costos o las ganancias podría debilitar el desempeño financiero de ambas compañías”, dijo Moody’s Ratings en un comentario sectorial fechado el viernes 25 de octubre y firmado conjuntamente por Roxana Muñoz, Adrián Garza, Cristiane Spercel y Marcos Schmidt.
El nuevo estatus de las empresas, estiman, tiene el riesgo de reducir los controles financieros. “El papel de las empresas será garantizar el suministro energético del país sin importar costes ni beneficios”, alertaron.
Más dinero para Pemex
Para Moody’s, la reforma constitucional recién concluida simplemente alinea el marco regulatorio con las políticas y prácticas gubernamentales implementadas desde el gobierno del expresidente López Obrador.
En opinión de la calificadora, los mercados energéticos habilitados por la reforma del 2013 nunca se desarrollaron completamente y lo que sí se ha observado desde el 2018 es un creciente apoyo financiero a las empresas estatales, principalmente a Pemex.
Según sus cálculos, el apoyo gubernamental a la petrolera promedió 9,000 millones de dólares anuales entre el 2019 y el 2023 y es muy probable que el costo se eleve, dadas las necesidades financiaras de Pemex.
“Proyectamos que las necesidades de efectivo de Pemex se duplicarán con creces a alrededor de 19,000 millones de dólares para 2026 (incluidos vencimientos de deuda y necesidades operativas de efectivo)”, dijo Moody’s.
En su reporte, la firma da una idea del creciente costo fiscal del apoyo a Pemex. Calcula que, durante el primero y segundo trimestres del 2024, el gobierno mexicano ha inyectado unos 7,600 millones de dólares, mientras que ha obtenido de ella solo 4,300 millones por concepto de tributos.
“No anticipamos ninguna garantía explícita parcial o total para la deuda de PEMEX como resultado de la reforma, lo que requeriría la implementación de cambios legislativos adicionales”, comentó.
Electricidad, otro reto
En el caso de la CFE, Moody’s no prevé la necesidad de apoyo financiero extraordinario para cumplir con sus obligaciones pero, en todo caso, espera que continúe recibiendo transferencias directas del gobierno central para compensar los subsidios tarifarios, “que en 2023 representaron el 12% de los ingresos totales de CFE”.
El nuevo texto del artículo 28 constitucional también establece que los privados no estarán impedidos de participar en actividades de generación y suministro eléctrico, pero en ninguna circunstancia tendrán prevalencia sobre la empresa del Estado.
En su momento, el entonces presidente López Obrador y, recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum, han explicado que ello significa que el Estado mexicano tendrá reservado, al menos, 54% de participación en la generación eléctrica.
Sin embargo, el gobierno no ha explicado cómo se medirá ese porcentaje (instantáneo, diario, semanal, mensual, anual), ya que la inyección de electricidad a la red es continua.
Es de esperarse que la definición se haga en las leyes secundarias de la reforma, para las cuales hay un plazo de emisión de 180 días a partir de la promulgación de los cambios constitucionales, sin embargo, el gobierno todavía no ha dado señales sobre la forma en la que quiere implementarlos.
Freno a energía limpia
Para Moody’s, este compás de incertidumbre impactará negativamente en el ya de por sí rezagado flujo de inversión privada en energía limpia.
“Es probable que la medida detenga la inversión privada en energías renovables en ausencia de una mayor claridad sobre el marco que surgirá de la reforma y sus implicaciones para la CFE y los privados”, opinó.
Esto, contracorriente de la meta que planteó Sheinbaum Pardo el día que juramentó como presidenta de acelerar la transición energética para llegar a una participación de energías limpias de 45% en el 2030.
“En consecuencia, esperamos que las plantas alimentadas con gas natural sigan dominando la matriz de generación eléctrica de México”, dijo Moody’s.
octavio.amador@eleconomista.mx
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