Zacatecas, Zac. Incertidumbre y preocupación han causado entre integrantes de comunidades rurales, investigadores universitarios y organizaciones defensoras del territorio y del medio ambiente el anuncio realizado este miércoles por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, quien informó, a través de su cuenta en la red social X, que la dependencia trabaja, junto con otras instancias federales, en una Estrategia Nacional de Minerales Prioritarios y Críticos, sin ofrecer mayores detalles sobre el contenido o los alcances de esa política.
Bárcena señaló que la Semarnat, en coordinación con las secretarías de Economía; Hacienda y Crédito Público; Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), así como con el Servicio Geológico Mexicano, prepara dicha estrategia.
«Es lamentable que sea la Secretaría de Medio Ambiente la que encabece el impulso de la minería», señalaron este miércoles, en un comunicado, integrantes de la colectiva Cambiémosla Ya, organización que agrupa a decenas de colectivos y personas defensoras del territorio. Los activistas cuestionaron que la dependencia dé prioridad a esta estrategia, en lugar de elaborar y publicar el reglamento de la Ley Minera, aprobada por el Congreso de la Unión en 2023, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Advirtieron que, desde la propia Semarnat, «se perfila un nuevo impulso de gran escala al extractivismo minero en los territorios —como ocurrió en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa—, con el fin de abastecer de minerales, por un lado, a las industrias contempladas en el Plan México y, por otro, a Estados Unidos, en cumplimiento de los compromisos asumidos tras la firma del Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre ambos países a principios de este año».
En ese contexto, la colectiva hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que, a la brevedad, «el gobierno federal publique los contenidos, objetivos y alcances de la Estrategia Nacional de Minerales Prioritarios y Críticos, así como del Plan de Acción sobre Minerales Críticos suscrito con Estados Unidos».
Asimismo, demandó que «cualquier decisión en esta materia se construya mediante procesos transparentes, con información accesible y la participación efectiva de comunidades y pueblos indígenas potencialmente afectados, en cumplimiento de sus derechos, de la legislación vigente y de los principios de justicia ambiental».
«Es alarmante que una Estrategia Nacional sobre Minerales Críticos se construya en la opacidad y sin la participación de comunidades y pueblos indígenas. Lejos de cumplir con su obligación de publicar el reglamento de la Ley Minera, parece que la Semarnat busca devolver privilegios a la industria», sostuvo la organización.
Para los integrantes de Cambiémosla Ya, «lo más preocupante es que tanto el acuerdo con Estados Unidos sobre minerales críticos como esta Estrategia Nacional de Minerales Prioritarios y Críticos son totalmente opacos. Se desconocen sus alcances y los compromisos que el gobierno ha asumido, sin la participación de quienes resultan directamente afectados por la actividad minera: las comunidades y pueblos que enfrentan proyectos extractivos o la amenaza de ellos».
La organización consideró que esa falta de información genera «enorme preocupación», ya que diversos avances contenidos en la Ley Minera de 2023 no pueden aplicarse plenamente debido a la ausencia de reglamentación. Entre ellos mencionó la eliminación de la minería como actividad preferente; la prohibición de la minería en Áreas Naturales Protegidas, de la minería submarina y de la minería a cielo abierto.
Tampoco han podido implementarse, añadió, disposiciones como las causales para cancelar concesiones mineras; la obligación de que las empresas presenten planes de cierre y poscierre de minas antes de iniciar operaciones, y la prohibición de otorgar concesiones en zonas con escasez de agua.
La colectiva advirtió que el riesgo de una «regresión» en la política minera no se limita a la Semarnat, pues, aseguró, otras dependencias federales también trabajan en iniciativas que favorecerían a la industria extractiva.
«Lo peor es que la Secretaría de Economía ya trabaja, de la mano de la industria, en un proceso de reforma a la Ley Minera de 2023 para devolver privilegios al sector minero, a costa de los derechos de las comunidades y del medio ambiente», sostuvo.
La colectiva Cambiémosla Ya reúne a comunidades, organizaciones civiles, académicos y defensores del territorio. Entre sus integrantes se encuentran comunidades afectadas por proyectos mineros en Baja California Sur, Coahuila, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora y Zacatecas, así como organizaciones como CartoCrítica, CEMDA, la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres, el Colectivo de Académicos Sudcalifornianos, los Comités de Cuenca del Río Sonora, el CCMSS, el Consejo Maseual Altepetajpianij, EDUCA, Engenera, la Fundación Heinrich Böll, Fundar, el Movimiento Atzin No a la Minería, el Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica, PODER, Terra Vida, la Unión de Comunidades de la Sierra de Juárez y académicos de la Universidad Iberoamericana, la UAM y la UNAM.
Alfredo Valadez Rodríguez, corresponsal
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