Un juzgado otorgó amparó a las empresas privadas Tampico Solar y Saferay Solar, contra el aumento de hasta 775 por ciento en las tarifas de porteo para las centrales eléctricas, incluyendo las renovables, que publicó la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Dichas compañías obtuvieron una suspensión provisional contra la resolución de la CRE en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, según el acuerdo publicado el viernes 12 de junio.
«Que no se ejecute en perjuicio de todas las quejosas la Resolución RES/893/2020 y la Determinación de los cargos por el Servicio de Transmisión para fuentes de energía renovable o de cogeneración por nivel de tensión, a precios de 2018″, ordenó.
El fallo se refiere al aumento publicado el 10 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que la CRE aprobó el 28 de mayo en una sesión extraordinaria días después del exhorto de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Además del aumento de 775 por ciento en tarifas de porteo de baja tensión, el acuerdo implica un incremento de 407 por ciento en las de media tensión y 446 por ciento las de alta tensión, que las centrales renovables instaladas antes de la reforma energética de 2013 deben pagar a CFE.
El amparo otorgado es provisional y solo aplica a las empresas quejosas en lo que se resuelve el fallo, pero les da la razón de forma temporal.
El juez estableció que “para garantizar la vigencia de sus contratos de interconexión mientras sus centrales eléctricas inician operaciones normales, (el monto por pagar) debe ser calculado conforme a las metodologías, resoluciones y tarifas que estaban vigentes».
Aun así, la resolución pidió a los privados dejar una garantía equivalente a los importes resultantes de la diferencia que derive de calcular el monto que deben pagar a CFE Intermediación de Contratos Legados.
Estos amparos se suman a los que han impuesto otras empresas privadas contra el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), publicado el 29 de abril, y la política de la Secretaría de Energía (Sener), el 15 de mayo.
Mientras que el CCE considera que todo esto afecta al 14 % del producto interno bruto (PIB), las distintas asociaciones de compañías energéticas de México aseguran que están en peligro 44.000 millones de dólares de inversión y 81.500 empleos en el país.
Es importante recordar que el 11 de junio, un juez concedió la primera suspensión definitiva contra la política de Sener y una adicional contra el acuerdo del Cenace, a la asociación civil Defensa Colectiva, lo que deja a ambas sin efectos en lo que se resuelve su constitucionalidad.
