En México, persisten más de mil 300 concesiones mineras vigentes en Áreas Naturales Protegidas (ANP), que representan una superficie acumulada de más de 680 mil 270 hectáreas, señaló la Colectiva Cambiémosla Ya.
Precisó que la Ley de Minería vigente prohíbe cualquier actividad de exploración, explotación o beneficio minero en ANP, por lo que apuntó que “esas concesiones –aún vigentes– deberían ser canceladas de inmediato al representar un enorme riesgo para el patrimonio natural del país. Más aún cuando el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 pretende asignar alrededor de 16.2 pesos por hectárea para la protección y manejo de las ANP”.
La colectiva, integrada por comunidades, movimientos, organizaciones de la sociedad civil y personas académicas y defensoras, indicó que para que exista un cambio de paradigma del “extractivismo neoliberal hacia el ambientalismo humanista” –como lo mencionan las autoridades federales– primero se tendría que publicar los reglamentos en materia de minería y agua de las reformas aprobadas en 2023.
Reglamentos pendientes mantienen vacíos para aplicar la reforma minera
La Ley de Minería, reformada en 2023, “incorporó regulaciones muy importantes para evitar la vulneración sistemática de derechos y la destrucción impune de los ecosistemas por esta industria”, sin embargo, aseveró, la Secretaría de Economía (SE) ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han publicado los reglamentos de la Ley de Minería ni de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ni la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos ni de la Ley General de Aguas en materia de minería.
Esta omisión, afirmó, obstaculiza la aplicación a cabalidad de la nueva legislación minera, deja espacios para la interpretación en temas centrales como la restricción de cualquier actividad minera en ANP; la obligación que tienen las empresas de presentar y ejecutar un programa de cierre y post-cierre de minas, además de los medios para sufragar los gastos derivados de las actividades de remediación.
Con ello, lamentó, “las autoridades mantienen la puerta abierta para que la industria minera siga causando afectaciones ambientales, muchas de ellas irreparables, como los reiterados derrames de jales mineros de Grupo México que han contaminado terrenos de cultivos, ríos y otros cuerpos de agua”.
Consideró que en un escenario de creciente demanda de minerales para la industria armamentista como para la electrificación de vehículos y la transición energética, la falta de un marco regulatorio robusto y claro para la industria minera allana el camino para afianzar el modelo extractivo que desplaza a las comunidades, saquea los bienes comunes naturales del país y devasta los ecosistemas.
Alexia Villaseñor y Jared Laureles
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