Impulsar y aprobar cambios legales que no resulten contraproducentes para las Empresas Productivas del Estado, para la iniciativa privada o para los consumidores finales tendría que ser el fin último de los legisladores.
Los foros del Parlamento Abierto de la Reforma Energética que organizó la Cámara de Diputados, y que concluyen este mes, se convirtieron en un espacio de inclusión, pero no de diálogo, así que no esperemos que las posturas encuentren áreas de coincidencia.
La principal barrera para este “ejercicio democrático”, que inició el 17 de enero y concluirá el 28 de febrero, es que los participantes están mezclando posturas técnicas, políticas e ideológicas para la discusión de un tema complejo que cambiaría la política pública para el crecimiento o freno de la industria eléctrica, primordialmente con impacto directo en la inversión y el bolsillo de los consumidores.
Las personas interesadas, administradoras, directoras, representantes y ejecutivas de alta dirección de empresas relacionadas con el sector energético y la industria eléctrica, así como organizaciones académicas, entidades públicas y personas expertas convocadas por la Cámara de Diputados para los foros de Parlamento Abierto, tuvieron que presentar su postura a favor o en contra, como parte de los requisitos para participar en los foros.
Con ese requisito de inicio podemos entender por qué los foros servirán de poco y lo más probable es que, conociendo al Ejecutivo Federal, la iniciativa muestre leves cambios porque se trata de un ejercicio ideológico desde el momento en que la llamaron la contrarreforma energética, para echar atrás los cambios promovidos por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto en el 2013.
El esquema de autoabastecimiento, promovido desde la reforma eléctrica de 1992 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari es el más criticado y preponderante en la iniciativa de ley que impulsa Morena en el Congreso de la Unión. Y efectivamente, los medios de comunicación siempre denunciamos que ese tipo de permiso estaba generando un mercado paralelo que afectaba las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y adelgazaba su base de clientes de alto consumo.
En contraste, para los consumidores industriales y comerciales beneficiarios del esquema, los contratos de autoabastecimiento representaron ahorros económicos y acceso a electricidad derivada de ciclos combinados -que usan gas natural que contamina menos el ambiente- o de plantas eólicas y solares, por ejemplo.
Una alternativa es la negociación de los contratos porque éstos se convirtieron en una camisa de fuerza para la CFE, pero por otro lado es necesario dar certidumbre a las inversiones realizadas y evitar que la confianza en las inversiones se deteriore porque en los términos actuales de la iniciativa esos contratos serían cancelados.
Devolver soberanía energética y regresar al estatus monopólico de la CFE no son suficientes argumentos para ejecutar cambios para los que tal vez no está preparada la empresa, como no lo estuvieron en su momento tanto la empresa eléctrica como Petróleos mexicanos para enfrentar la competencia y la apertura del mercado derivado de la reforma energética de 2013.
Impulsar y aprobar cambios legales que no resulten contraproducentes para las Empresas Productivas del Estado, para la iniciativa privada o para los consumidores finales tendría que ser el fin último de los legisladores. Ojalá fueran capaces de delinear una política energética, y particularmente eléctrica, capaz de hacer confluir esos tres sectores de una manera equilibrada y justa.
Los usuarios no necesitamos discursos de nacionalistas trasnochados y tampoco posturas de privados que sólo ven por sus intereses económicos, queremos electricidad de calidad y suficiente; con la menor huella de carbono posible y tarifas alineadas a nuestra capacidad económica.
earzate2003@yahoo.com.mx
