Para el 2023, el presidente López mantiene su obsesión por desmantelar e inutilizar al sector ambiental de la administración pública. Desprecia el tema, no lo entiende. Por eso lo castiga, desmantela a las instituciones del sector, y nombra personajes ostensiblemente ineptos e incompetentes en cargos estratégicos. También, desde 2019, le ha recortado el presupuesto, al llamado Ramo 16 (Medio Ambiente y Recursos Naturales) algo sin precedente en México y en el mundo civilizado. Esto, mientras destina decenas de miles de millones de pesos (37 mil millones) al oneroso y perverso programa “Sembrando Vida”, y más de 900 mil millones a subsidios clientelares y a obras megalómanas absurdas (Tren Maya, Dos Bocas).
El ahogo presupuestal al que el presidente López ha sometido a las instituciones ambientales de gobierno, se trata de encubrir para 2023 con un notable aumento de 102% (o 35 mil millones de pesos) a la Comisión Nacional del Agua. Ello será destinado a obras hidráulicas de urgencia para la zona metropolitana de Monterrey (acueducto El Cuchillo II), agua sin arsénico para la Laguna, rehabilitación del sistema Cutzamala que abastece a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, para la presa El Zapotillo y acueductos que llevarán agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara, para obras de protección contra inundaciones en Tabasco, y para obras de riego en Sinaloa, Sonora y Nayarit. Todo, por cierto, de manera estricta, no tendría por qué ser incluido en el rubro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sirve de cualquier manera para que mintiendo con la «verdad”, el gobierno y Morena afirmen que hay un aumento considerable al presupuesto ambiental. La CONAGUA se lleva casi el 91% del presupuesto del sector SEMARNAT (75 mil millones de pesos).
Lo obvio es que, durante este gobierno, las entidades ambientales de la administración pública han sido estranguladas, sin que incrementos presupuestales marginales nominales para 2023 puedan compensar la enorme pérdida real sufrida desde 2019. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que tiene a su cargo el 15% del territorio nacional terrestre y marino en forma, principalmente, de parques nacionales y reservas de la biósfera (de hecho, lo más importante de la agenda ambiental de México), recibe sólo el 1.23% del presupuesto del sector, mismo que se ha visto reducido en un 18% entre 2018 y 2023 (36% real). Lo más valioso del capital natural de la Nación ha quedado en el abandono. A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, responsable de la inspección y vigilancia y aplicación de la ley, se le asigna sólo 1.1% del presupuesto del sector, y este ha sido disminuido en 16% en el mismo periodo (34% real). Por cierto, este gobierno destruyó a la Gendarmería Ambiental que se responsabilizaba de la vigilancia de recursos naturales y áreas naturales protegidas. A la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) se le ha recortado el presupuesto en 46% durante este lapso (58% real) – el presidente López no quiere regulación ambiental, ni vigilancia, ni aplicación de la ley en PEMEX. La Comisión Nacional Forestal, a cargo del desarrollo forestal sustentable, y protección forestal, ha sufrido un recorte de 37% en el periodo (50% real). Por su lado, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se le ha reducido el presupuesto en 14%; (33% real) y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en 16% (34% real). De manera funcional, los recursos para el Desarrollo Forestal Sustentable de CONAFOR (Manejo Forestal Comunitario y Cadenas de Valor, Restauración Forestal de Microcuencas y Regiones Estratégicas, Pago por Servicios Ambientales, y Protección Forestal), son menores en 60% a lo asignado en 2018 (68% real). En paralelo, el gobierno del presidente López desapareció el programa estratégico del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dejándole desde 2021 un presupuesto de cero. Igual suerte han corrido programas fundamentales que han sido destruidos como el de Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, el de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo, el de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, y el de Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias. Peor, se eliminó y saqueó el fideicomiso que financiaba la operación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), y se le despojó totalmente de su presupuesto (institución de referencia mundial que presidía el Dr. José Sarukhán) sin que casi nadie chistara para defenderla. Prácticamente dejó de funcionar, sólo sobrevive con algunas donaciones, y es encabezada (es un decir) ahora por un desconocido e improvisado peón del presidente López. Para dimensionar la magnitud de la catástrofe presupuestaria ambiental, hagamos notar que el presupuesto total combinado de todas las entidades ambientales (5,032 millones de pesos) representa apenas el 13% del presupuesto del programa clientelar “Sembrando Vida”, causante de deforestación significativa.
