Casi 300 personas que actualmente tienen un alto cargo en el gobierno federal, más otro número importante de funcionarios de mandos medios, podrían quedar facultados para aceptar empleos en empresas de los sectores que antes supervisaron como autoridades gubernamentales.
Con la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR) de 2019, el Congreso introdujo en la legislación una disposición que prohíbe a quienes ocupen un alto cargo en el gobierno federal trabajar en la iniciativa privada (IP) en alguna empresa relacionada con su área en el servicio público por al menos 10 años.
Tres años después, en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que dicha disposición legal es inconstitucional. En respuesta a esta determinación, la diputada Genoveva Huerta Villegas (PAN) presentó una iniciativa que propone eliminar definitivamente de la ley el candado para el fenómeno que se le conoce como “puerta giratoria” entre los sectores público y privado.
El artículo en cuestión es el 24 de la Ley de Austeridad, el cual señala en el primer párrafo que, para trabajar al servicio del Estado, viniendo de una empresa privada y de un puesto similar al que se ocupará en el ámbito público o donde podrían tratar los mismos temas, la persona deberá renunciar a su trabajo en dicha compañía.
El segundo párrafo se refiere al caso contrario, cuando de su trabajo para el Estado mexicano alguien quiere pasar a la IP. Pero la prohibición no es para todas las personas en la burocracia, sino para “los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior”, esto abarca a secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores, jefes de unidad y directores generales.
Dentro de estas personas se especifica que la medida aplica para quienes tengan una oferta de trabajo en una empresa del sector que hayan supervisado antes en su calidad de funcionario o funcionaria pública, o que cuando trabajaban para el Estado hayan tenido información privilegiada y que ahora pueda ser utilizada para favorecer negocios privados.
Las funcionarias o funcionarios en ese supuesto no podrán aceptar el cargo en la empresa, “salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”. Eso señala el artículo que fue declarado inconstitucional por la SCJN y que la legisladora plantea eliminar por completo de la Ley de Austeridad. Su propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Casos en los sectores público y privado
En abril de 2022, el pleno de la SCJN invalidó por unanimidad ese segundo párrafo del artículo 24 por considerar que “la medida incide de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida por el artículo 5º constitucional”.
Dicha ley fue promovida por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su momento, el mandatario señaló que la medida de resguardo de 10 años buscaba evitar “más casos de corrupción e influyentismo como los ocurridos desde la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En febrero de 2019, la CFE dio a conocer un listado de nueve funcionarios de alto rango que pasaron del gobierno a la IP luego de ocupar cargos donde se maneja información sensible sobre el sector.
La lista la encabezaba el expresidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, quien fue secretario de Energía en el gobierno de Vicente Fox, y al dejar la Presidencia del país fue contratado como consejero independiente en una empresa energética.
Pero, ¿qué pasa cuando algo parecido sucede dentro de una empresa? En abril de 2023, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito determinó que los directivos pueden ser despedidos sin responsabilidad para el patrón cuando se presenten casos de este tipo.
Dicho tribunal analizó el caso de un director financiero despedido porque su esposa y otros extrabajadores de la misma organización crearon una empresa del mismo giro a la que se dedica la compañía que promovió el despido.
La empresa argumentó que el exdirector financiero tenía acceso a información confidencial y, al ocultar que su pareja se asoció con otras personas que también tuvieron acceso a esos datos “puso en duda la lealtad que debe imperar en este tipo de trabajadores hacia sus empleadores”, señala la sentencia.
Funcionarios de alto nivel en México
De acuerdo con Censo Nacional de Gobierno Federal 2022, el último publicado por el Instituto Nacional de Estadística y geografía (Inegi), hay 278 puestos del más alto nivel en la Administración Pública Federal (APF). El 73% están ocupados por hombres y 23% por mujeres.
El reporte indica que, al cierre de 2021, la APF estaba conformada por 301 instituciones que conformaron la estructura orgánica. Es decir, 3% menos que el año anterior. Sin embargo, aunque se cerraron y fusionaron dependencias, la cantidad de titulares aumentó 0.7 por ciento.
“En términos de sus ingresos brutos mensuales, los hombres percibieron en promedio 138,427 pesos”. Mientras que las mujeres, ganaron 143,763 pesos en promedio al mes.
La mayoría de las instituciones de la APF están dedicadas a la salud, que con 40 dependencias concentra el 13 por ciento de todo el gobierno. En segundo lugar, están los organismos para infraestructura, comunicaciones y transportes, son 33 y eso representa el 11.0 por ciento.
En tercer lugar, está un ramo sensible, que es la de asuntos financieros y hacendarios. Hay 29 instituciones en México dedicadas a esos asuntos, es decir, cerca del 10% del total.
El estudio anual del Inegi muestra también que el 45% de los hombres con altos cargos y el 57% de las mujeres titulares de instituciones llevan hasta 10 años trabajando para el Estado mexicano.
