Representantes de los pueblos náhuatl y tének de la Huasteca potosina pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum cancelar los proyectos de exploración llevados a cabo mediante fracking (fracturación hidráulica) y la minería a cielo abierto en esa región.
En una carta, los indígenas exigieron medidas de protección en el territorio huasteco para evitar la extracción de hidrocarburos o megaproyectos energéticos de Petróleos Mexicanos (Pemex) u otras empresas que impacten los recursos naturales de los pueblos originarios.
Solicitaron a la mandataria federal una audiencia formal para ser escuchados y que les garanticen el derecho al respeto pleno a la autonomía indígena. “Pedimos nuestra libre determinación, sin intermediación ni tutela de partidos políticos y con los tiempos adecuados, así como congruencia y prudencia. Cuando usted fue candidata a la Presidencia, durante su acto de campaña en Zacatecas prometió prohibir la minería a cielo abierto y el fracking. Usted ha hablado de explorar y extraer petróleo y gas en diversas regiones, incluyendo en sus planes a nuestros pueblos y comunidades con la bandera de la soberanía energética que se pretende sacrificarnos”, reprocharon.
“Como mujer de ciencia sabe bien que no hay nada sustentable en la exploración petrolera y ni la tecnología más moderna hace que esta actividad sea segura para el medio ambiente o para la economía.” Recordaron que la tierra de la Huasteca potosina es kárstica y porosa, además de que el agua abunda algunos meses del año y en los restantes escasea.
“La Huasteca, que abarca más de 80 municipios entre San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas, es un territorio donde habitamos cerca de un millón de personas de los pueblos náhuatl, tének, otomí, tepehua, totonaco y xi’iuy. Nuestro territorio no son tierras vacías ni sin dueño.”
Condenaron que la llamada utilidad pública no puede estar por encima de los derechos humanos e históricos, “siendo parte de México, sin que se reconozcan de verdad nuestras identidades, nunca dudamos en defender esta tierra ante amenazas extranjeras o ante la ambición del vecino del norte, que insiste en adueñarse de lo nuestro y destruirlo todo sin importar nuestra existencia”.
Se quejaron de que sufren discriminación y despojo por gente que ignora las leyes y las usan a su favor.
“En San Luis Potosí se nos había reconocido como sujetos de derecho público desde 2003; la ley se quedó en el papel; en 2018 logramos abrir un camino para ser vistos y escuchados, empujamos hasta llegar a 2024 a una nueva reforma que prometía cambiar 17 artículos constitucionales; sin embargo, el despacho jurídico de la Presidencia sólo presentó la modificación al artículo 2.”
Los miembros de las comunidades náhuatl y tének concluyeron que antes de adoptar decisiones como el plan estratégico de Pemex harán uso de su derecho constitucional mediante asambleas generales comunitarias para no dar su consentimiento a megaproyectos energéticos de ningún tipo que pongan en riesgo la vida, el agua, el medio ambiente, la biodiversidad y el territorio.
Cristhian A. Espinosa, especial
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