La reforma eléctrica de López Obrador tiene la mayoría de sus implicaciones en la CFE, pero la desaparición del concepto de empresa productiva del Estado impactará también a Pemex.
La reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador podría devolver a Pemex al estado en que operaba cuando fue fundada, debido a una serie de cambios que se desprenderán de eliminar la figura de empresa productiva del Estado, bajo la cual operan actualmente la petrolera y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de acuerdo con un análisis de IPD Latin America, una consultora especializada en compañías petroleras y del sector energético. “Tenemos que volver al 7 de junio de 1938, cuando Pemex fue creada después de la nacionalización, para entender el nivel de control y discreción que López Obrador está buscando aquí”, dice el documento de IPD.
La iniciativa de reforma, cuya discusión está por ahora en pausa y que elimina los fundamentos del cambio constitucional de 2013, saca del mapa jurídico el concepto de empresa productiva del Estado, que adoptaron las dos empresas estatales de energía y que las obligaba a operar mediante fundamentos económicos y de mercado, y con un fin de generar rentabilidad al Estado. Como cambio, el documento plantea que ambas empresas se conviertan en organismos del Estado. Un concepto que no se explica en el documento de reforma y cuyas implicaciones no quedan claras.
Pero, según declaraciones de funcionarios, el cambio implica que las compañías adquieran personalidad jurídica y patrimonio propios, y sean dotadas de autonomía en el ejercicio de sus funciones y su administración.
Hasta ahora, el análisis de las implicaciones de la reforma se ha centrado en el mercado eléctrico y en la también estatal CFE, pero el documento –si es aprobado como fue enviado– abre una puerta a cambios en el mercado petrolero. “Lo que la reforma de López Obrador busca hacer, desde una perspectiva de designación legal, es quitar completamente las medidas tomadas en los últimos 50 años para crear más responsabilidad, transparencia, autonomía y eficiencia en ambos monopolios del sector energético de propiedad estatal”, dice el análisis del IPD. «Lo que hace deliberadamente es abrir la posibilidad y dar al gobierno la plena flexibilidad para implementar cambios en el derecho secundario, que albergarían los detalles».
La consultora, dirigida por John Padilla, señala que la reforma podría convertir a Pemex en una entidad totalmente controlada por el gobierno, que no tendría la obligación de transparentar sus resultados financieros, y abre la posibilidad de que la Hacienda pública absorba por completo la abultada deuda de Pemex, de casi 115,000 millones de dólares.
El gobierno federal ha inyectado capitalizaciones a la petrolera para que haga frente a sus pasivos y ha decidido hacerse cargo de pagar las amortizaciones de deuda de Pemex. Una decisión que, según Octavio Romero Oropeza, CEO de la petrolera, fue idea del presidente López Obrador, que no ha desistido de poner a Pemex en el centro de su agenda. “Hacer de Pemex una entidad pública podría allanar el camino para que todos sus activos y pasivos sean absorbidos por el gobierno”, apunta el análisis.
La reforma de 2013 tenía la intención de convertir a Pemex en una empresa que operará en términos de transparencia, aunque esto no se ha logrado del todo. Pero la iniciativa podría abrir la puerta para disolver el consejo de administración de la estatal –que en teoría tiene como finalidad generar un contrapeso– o eliminar a los cinco asesores independientes que forman parte de éste. El cambio en la figura, dice IPD, podría quitar a Pemex la obligación de someterse a un comité de auditoría, y contar con un auditor externo e interno.
La discusión de la reforma aún se encuentra pausada y con comentarios de distintos ambos del legislativo que no indican cuál será el siguiente paso en la que podría convertirse en el principal cambio legal del presidente López Obrador.
