A través de un comunicado, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) exhortó a los integrantes de la Cámara de Diputados a no aprobar la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, pues “representaría un duro golpe al Estado de derecho y amenazaría las inversiones presentes y futuras, no solo en el sector energético, sino en otros sectores clave para la competitividad de México”, se lee en el documento.
De acuerdo con el IMCO, la iniciativa representaría una violación a la Constitución y a los tratados comerciales internaciones; lo cual afectaría más el clima de inversiones dentro del sector, dañado por la reciente aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
En la modificación a los artículos 57 y 59 de la Ley de Hidrocarburos, el presidente Andrés Manuel López Obrador propone que la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), tengan facultades para expropiar las instalaciones de las empresas permisionarias en materia de hidrocarburos, para beneficiar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Es decir, dichas autoridades podrían suspender las actividades de las empresas que, a su juicio, representen un riesgo; asimismo, establece que podrán suspender los permisos que han emitido para que empresas privadas participen en las distintas etapas de la cadena de valor de los hidrocarburos, cuando consideren un “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía”.
“En tal caso, las autoridades podrán ocupar, intervenir o suspender las instalaciones de las empresas cuyos permisos hayan sido suspendidos por alguna de las causales señaladas anteriormente y contratar a empresas productivas del Estado para que estas manejen y controlen las instalaciones ocupadas, haciendo uso incluso del personal de los permisionarios, bajo el argumento de garantizar la continuidad de las operaciones que ampara el permiso suspendido; lo que, en los hechos, representaría un acto de expropiación directa.”
Con esto, el IMCO afirma que la iniciativa conlleva repercusiones negativas para las familias y el sector productivo mexicano, cuyo acceso a insumos básicos como gasolinas, diésel, gas natural, entre otros, se vería interrumpido al trasladar la producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, expendio, importación o exportación de dichos insumos del sector privado a empresas como Pemex, “cuyos estados financieros dan cuenta de sus serias ineficiencias operativas y administrativas”.
Con el propósito de que Pemex mantenga su papel preponderante en el sector de hidrocarburos, esta propuesta de reforma busca desplazar al sector privado que participa en dichas actividades, al correr el riesgo de la expropiación de sus instalaciones bajo criterios poco transparentes, como la seguridad nacional, seguridad energética y afectaciones a la economía nacional.
“La iniciativa pone en riesgo a la certidumbre jurídica, en un momento en que los inversionistas nacionales y extranjeros cuestionan las decisiones de política energética de la actual administración, en el marco de la recién aprobada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica”, finaliza el comunicado.
