Empresarios indicaron que el país requiere energía asequible, suficiente y limpia para salir adelante en su crecimiento y desarrollo económico.
Energía asequible, suficiente y limpia es lo que México necesita para salir adelante en su crecimiento y desarrollo económico, insistió el empresariado sobre el tema de la reforma eléctrica, que el domingo será sometida a votación en la Cámara de Diputados, y que va en contra de los acuerdos comerciales internacionales, dijeron.
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), como representante del sector que consume 60 por ciento de la electricidad del país, externó su preocupación sobre el impacto que tendrá la aprobación de la reforma eléctrica en los términos planteados por el Ejecutivo, y llamó a que se tomen en cuenta los efectos adversos como el incremento en su precio, el daño a las finanzas públicas y al medio ambiente.
“No solo necesitamos ser escuchados, necesitamos que se tome en cuenta que gran parte de la economía del país depende de la aprobación o rechazo de dicha reforma”, expuso el organismo que representa al sector industrial generador del 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y de 48 de cada 100 empleos en México.
“La Concamin reconoce las voces de integrantes de los poderes judicial y del Poder Legislativo que han expresado con su voz o con su voto que: Una eventual aprobación de las reformas antes citadas, afectarían directamente a la competitividad y sustentabilidad de los industriales mexicanos, se volvería menos atractivo para la inversión nacional y extranjera y se perdería la oportunidad para generar crecimiento económico e impulsar el desarrollo incluyente de nuestras familias mexicanas”, detalló en un comunicado.
Por su parte, Juan Manuel Chaparro Romero, presidente de fomento industrial de la Canacintra, consideró que a causa de la reforma del presidente López Obrador, “a México se le ubicará como nación contraria al libre mercado y opuesta a la transición libre hacia el uso de las energías renovables; ya que dicha ley se vuelve inhibidora u obstructora de inversiones; conceptos que acercarían a nuestro país en el riesgo de recesión”
En este sentido, Héctor Tejada Shaar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), se pronunció por la defensa “del patrimonio natural de nuestro país, por su misma naturaleza y como fuente fundamental de riqueza y empleos”.
“El daño ya está hecho”
Rosanety Barrios, analista de temas energéticos, señaló que, en poco tiempo, las decisiones de la actual administración ya causaron un impacto negativo en las inversiones del sector privado, y estas se pueden concentrar en cuatro puntos.
“En primer lugar, no necesitaron reformar la Constitución para cancelar las subastas eléctricas, tampoco necesitaron cambios en las leyes para afectar el orden del despacho, como ya está demostrado en el reporte del monitor independiente del mercado (del IMCO)”, dijo.
Posteriormente, destacó que la negativa a dar permisos y los cambios regulatorios han provocado incertidumbre en el sector, lo que requerirá de muchos esfuerzos para revertirse. “La certeza jurídica no la vamos a encontrar en esta administración y la próxima tampoco, ya que se necesita tiempo para recuperar la confianza”.
Agregó que ante la negativa de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para dar permisos y el constante cambio en las reglas del juego, simplemente, no hay condiciones para invertir en un sistema eléctrico que permita satisfacer la demanda con mejores costos y menos emisiones.
Arturo Carranza, analista del sector energético, indicó que los costos de generación eléctrica se elevarán, ya que quedaría en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la capacidad de generación.
“Los industriales correrán el riesgo de no poder acceder a energía eléctrica a precios competitivos y de fuentes limpias”, y lamentó que se están dando este tipo de discusiones en el contexto actual, donde se estima que la demanda eléctrica crezca, en promedio, tres por ciento al año.
En tanto, Casiopea Ramírez, socia gerente de Fresh Energy Consulting, señaló que “la reforma constitucional no debería aprobarse, ya que contraviene a la libre competencia, sustentabilidad e incluso, el derecho a la salud”.
