La Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos se opone a la iniciativa de reforma eléctrica que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, pues viola el T-MEC, en los Capítulos 14 y 32, al no dar un trato equitativo a los participantes privados nacionales e internacionales en el mercado eléctrico.
“Esta acción daña la certidumbre jurídica que debe de imperar en un Estado de Derecho, y afecta seriamente el clima de negocios y las perspectivas de inversión en México”, argumentan los empresarios en un comunicado.
A la oposición de esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que busca “fortalecer” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se suma la preocupación de los empresarios por la desaparición que se pretende de los órganos reguladores, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), así como la integración del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la empresa del Estado.
“Dicha acción amenaza la seguridad de las inversiones, elimina la transparencia y rendición de cuentas, y reduce la competitividad del sector energético. Lo anterior traería consecuencias graves en el costo de los energéticos en México, afectando la competitividad del país, de las empresas mexicanas y de las cadenas de suministro en Norteamérica”, señala la asociación.
Añade que también habría una afectación a la economía de las familias mexicanas.
Además, los empresarios dijeron estar en desacuerdo con priorizar “arbitrariamente” el despacho de energía producida por la CFE, pues esto va a generar un impacto negativo en el medio ambiente, al reducir la producción y consumo de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias, las cuales son producidas en su mayoría por empresas privadas nacionales e internacionales.
Ante estas implicaciones, los empresarios mexicanos en Estados Unidos, hacen un exhorto al Ejecutivo federal y al Congreso mexicano para dar marcha atrás a la iniciativa y generar, en su lugar, las condiciones para garantizar un sector energético vigoroso que opere con certidumbre jurídica, transparencia, competitividad y cuidado al medio ambiente.
