Tras una serie de decisiones judiciales favorables, Pemex y Pemex Exploración y Producción han logrado reducir riesgos financieros y legales derivados de la disputa con Perforadora Oro Negro
Petróleos Mexicanos (Pemex) y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) han logrado avances significativos en la resolución de controversias legales que mantenían con Perforadora Oro Negro, gracias a la gestión de la Dirección Jurídica de la petrolera, liderada por la Dra. Luz María Zarza Delgado y Rodrigo Loustaunau Martínez. Estas disputas, que comenzaron en 2017, han llegado a su fin tras una serie de fallos que han favorecido a la petrolera estatal.
La controversia surgió cuando PEP decidió rescindir anticipadamente cinco contratos de arrendamiento de plataformas marinas firmados con Perforadora Oro Negro. Estos contratos, según Pemex, incluían tarifas excesivas que no se ajustaban a las condiciones del mercado en ese momento. La decisión de PEP fue estratégica, pues buscaba reducir costos operativos que estaban dañando las finanzas de la empresa. Oro Negro, por su parte, intentó en diversas ocasiones reactivar estos contratos a través de acciones legales.
Uno de los primeros intentos de la perforadora fue un Juicio Ordinario Mercantil, donde solicitó que se declarara la nulidad de las terminaciones contractuales. Sin embargo, los tribunales mexicanos determinaron que esta acción era improcedente, ya que los contratos debían ser dirimidos en la vía administrativa. La decisión fue confirmada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en octubre de 2021, lo que representó un primer triunfo para Pemex en esta larga batalla legal.
No conforme con el fallo, Perforadora Oro Negro presentó un juicio contencioso administrativo en el que nuevamente reclamó la nulidad de las terminaciones. No obstante, el 2 de agosto de 2023, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió una sentencia a favor de Pemex, reconociendo la validez de las terminaciones anticipadas de los contratos. Esta resolución fue un paso importante para Pemex, ya que eliminó una contingencia económica que rondaba los mil millones de dólares, correspondientes a las tarifas que Oro Negro pretendía cobrar.
Oro Negro atacó por todos los frentes
Oro Negro también presentó una demanda de concurso mercantil, con la cual, buscaba que PEP continuara ejecutando los servicios bajo los contratos terminados y, como consecuencia, obligar a Pemex a pagar las tarifas acordadas. Pemex se opuso a estas medidas, y el juez encargado del caso falló a favor de la petrolera, dejando sin efecto las medidas solicitadas por Oro Negro. Esta decisión fue un golpe definitivo para la perforadora, que posteriormente fue declarada en quiebra.
El Arbitraje de Inversión presentado por Oro Negro ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial, con sede en la ciudad de Washington D.C., demandaba al Estado Mexicano por un monto de 270 millones de dólares, bajo el amparo del Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Aunque Pemex no fue parte directa en este arbitraje, la petrolera colaboró con la Secretaría de Economía en la defensa del caso. El 19 de agosto de 2024, el Tribunal Arbitral resolvió de manera unánime a favor de México, determinando que no tenía jurisdicción para resolver un caso presentado por individuos de doble nacionalidad, cuya nacionalidad dominante y efectiva era la mexicana.
Con esta resolución, Pemex ha cerrado uno de los conflictos legales más complejos de su historia reciente. Las decisiones favorables en tribunales nacionales e internacionales han reforzado la posición de la petrolera, que ahora se encuentra mejor preparada. Más allá del alivio financiero, este proceso ha demostrado la solidez de la defensa legal de Pemex y su capacidad para proteger sus intereses estratégicos.
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