El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó hasta la sesión ordinaria del próximo jueves su sentencia respecto a la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica reformada por la presente administración, aunque dos de los ocho votos necesarios por parte de los ministros serán en sentido de frenar la ley, según adelantaron.
Los ministros Javier Laynez y Juan Luis González Alcántara expusieron que consideran inconstitucional que se le dé prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través del despacho de energía, al igual que rechazaron que se eliminen las subastas para adquirir este bien.
Durante su exposición, Laynez consideró que las centrales públicas de la empresa estatal ya tendrían garantizada la prioridad en el orden de proveer energía, aunque esta fuera menos eficiente, más cara o sucia, lo que va en contra de lo que dice la Constitución, si se permite que se implemente la nueva Ley de la Industria Eléctrica.
En tanto, el ministro González Alcántara aseguró que si se cancelan las subastas de largo plazo se dejaría de priorizar la energía más barata para el país.
En el análisis y resolución que continuará el jueves, se discutirá la presunta inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica promovida por legisladores de oposición a su aprobación en marzo del año pasado, cuando en el Congreso se aprobaron los cambios que benefician para el despacho de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de los privados, principalmente renovables.
Las resoluciones de la Corte constituyen un proceso distinto a los 150 amparos interpuestos por empresas y organizaciones que cuentan con suspensiones al acto, pero cuyos procesos están cancelados en tribunales especializados por ordenamiento de la Corte mientras se desahogan las controversias.
También están en una dinámica distinta a la de la denominada reforma eléctrica, que se basa en la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de diputados en noviembre pasado, buscando modificar los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, para darle predominio a la CFE sobre el despacho de energía, pero con otros cambios como la exclusividad del Estado sobre la explotación del litio y la disolución de los órganos reguladores energéticos autónomos.
Este proceso se lleva a cabo en el legislativo y tiene por objeto cambiar la Carta Magna para que los cambios previstos por la presente administración sean, obviamente, constitucionales.
Por tanto, el máximo órgano judicial tiene prevista la resolución de dos controversias constitucionales: 44/2021 y 45/2021, así como la acción de inconstitucionalidad 64/2021, promovidas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, y por diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, respectivamente.
karol.garcia@eleconomista.mx
