Este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró en Villa de Reyes, San Luis Potosí, una central termoeléctrica de ciclo combinado construida por la CFE que costó 350 millones de dólares. Abastecerá de electricidad a más de 2,400 hogares y, según cifras oficiales, reducirá las emisiones contaminantes en 53% respecto a tecnologías convencionales, y ahorrará 40% del agua que normalmente se requiere para este tipo de operaciones. Un buen dato técnico, sin duda. Pero lo importante no es solo esta planta. Lo relevante es lo que representa.
La presidenta anunció que durante su sexenio se construirán 60 plantas similares, con una capacidad total de 26,000 megawatts. No es cualquier cosa. Equivale a un tercio de la capacidad de generación actual del país. Todo depende de que se tengan los recursos necesarios para construirlas y no se abandone el proyecto por razones políticas.
Porque el país enfrenta hoy un grave problema: más de un tercio de la electricidad que se consume se genera quemando combustóleo y diésel. Esas plantas, muchas de ellas viejas y obsoletas, producen cerca del 36% de toda la electricidad nacional, emiten alrededor del 25% de toda la contaminación del sector eléctrico y entre el 8% y el 10% de todas las emisiones contaminantes del país, incluyendo las de la industria, transporte, agricultura y hogares. El gas natural contamina menos y las energías renovables casi nada. Hoy, apenas el 25% de la electricidad nacional se genera sin contaminar, principalmente a través de más de 60 hidroeléctricas ubicadas en Chiapas, Veracruz, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa; cientos de plantas solares en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y San Luis Potosí; más de 70 parques eólicos concentrados en Oaxaca, Tamaulipas y Nuevo León; y una sola central nuclear, Laguna Verde, ubicada en Veracruz. Todo lo demás sigue dependiendo de combustibles fósiles, y buena parte de ellos son altamente contaminantes.
Pero mientras las plantas sucias sigan operando, el aire seguirá siendo irrespirable en muchas ciudades, y el sector eléctrico seguirá siendo una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero.
La sustitución de estas plantas por unidades modernas de ciclo combinado, si realmente se concreta, podría reducir las emisiones anuales de dióxido de carbono en más de 80 millones de toneladas. Es decir, más de la mitad de lo que hoy emite todo el sistema eléctrico. Es un cambio radical. Pero tiene una condición clave: que las nuevas plantas no se sumen a las existentes, sino que las reemplacen. Que se apaguen para siempre las chimeneas de combustóleo y diésel. Que se desmantelen y no queden como respaldo permanente, ni como herramienta de presión presupuestaria, ni como monumento a la ineficiencia.
Es positivo que la presidenta tenga planes ambiciosos porque es urgente que se generen empleos dignos y electricidad accesible. Y es imperativo reducir la huella ambiental del país. Pero todo depende de una decisión técnica y política que aún no se ha tomado: ¿las 60 plantas de ciclo combinado sustituirán o se sumarán? Si sustituyen, el país ganará en salud, eficiencia y futuro. Si solo se suman, el humo seguirá saliendo, pero con más potencia.
