Sí México hubiera seguido con una política neoliberal de no absorber el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) y no aplicar subsidios especiales a la gasolina y diésel, el país estaría en un caos como ocurre ahora en otras naciones, señaló Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (Sener).
Durante su participación en un foro organizado en Veracruz, la funcionaria señaló que el mundo tiene una crisis por el “altísimo” nivel de inflación, provocado por cuestiones energéticas y alimentarias.
Sin embargo, consideró que gracias a las políticas aplicadas por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) con el menor índice de inflación en energía.
“Si nosotros hubiéramos continuado con una política neoliberal, como la traíamos en los últimos 36 años, seguramente sería un caos en el país, el precio de la gasolina estaría alrededor de 35-40 pesos.”
Explicó que datos de la OCDE muestran que hasta mayo de este año la inflación energética de México fue de 5.3 por ciento respecto de igual mes del año anterior, mientras en Turquía fue de 120 por ciento; Países Bajos, 99 por ciento, y España, 60 por ciento.
“El costo de movilidad de los productos agrícolas no lo estamos sintiendo como los demás países, porque tenemos la fortuna de tener petróleo.”
Puntualizó que el crudo no es una desgracia, “es una bendición, nada más que hay que saberlo utilizar bien”.
“Durísima” espiral
La funcionaria recordó que el actual gobierno federal ha vivido “una espiral durísima, durísima” en el sector energético, pues el costo por barril de petróleo, que en 2019 era de 50 dólares, se cayó a menos de cero en 2020 por la pandemia de covid-19.
Anotó que conforme han pasado los meses, el precio del barril de petróleo se ha recuperado y se tienen excedentes, los cuales se están usando para absorber el IEPS y los estímulos adicionales a los combustibles, pues de lo contrario habría un gasolinazo como el observado a principios de 2017.
Explicó que cuando el precio del petróleo sube a 91 dólares, es necesario subsidiar las gasolinas y el diésel, por lo que la Secretaría de Hacienda no recibe ingresos por ese concepto. En las administraciones pasadas los excedentes petroleros se dirigían al gasto corriente o en otras cosas, pero ahora “están ayudando para mantener la economía”.
Indicó que la política de gobiernos anteriores era que, si el precio del crudo disminuía, no se aplicaba igual para el costo de las gasolinas y diésel para tener excedentes en los ingresos al erario público, pero ha cambiado la política para que en promedio la Magna se ubique en 21 pesos, la Premium en 22 y el diésel en 23 pesos.
La medida ha evitado problemas de gobernabilidad: expertos
Los subsidios a los combustibles aplicados por el gobierno federal, a raíz de los incrementos de precios internacionales en los energéticos, han evitado un estallido social o problemas de gobernabilidad como ha ocurrido en otros países, señalaron expertos en el sector.
Rubén Ramos Muñoz, académico en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, explicó que la recuperación pospandemia y el conflicto bélico en Ucrania generaron un incremento sustancial de la demanda de combustibles a escala global, que tiene un impacto también en México.
Comentó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de contrarrestar la inflación, subsidia el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) y aplica subvenciones especiales.
“Todos los productos se movilizan a través de autotransportes que utilizan combustible y, al incrementarse, hay una carestía en todos los productos, además, los procesos que también conllevan hidrocarburos, tienen un incremento en el costo de producción y el consumidor lo termina pagando”, dijo en entrevista.
“Estas medidas contribuyen para evitar que haya un posible estallido social, aunque México, hay que ser honestos, no tiene una tradición de protestas como tal –suelen protestar más en redes sociales–, pero las personas no tenemos esa unión nacional, pero podría tener efectos electorales que es lo que el gobierno trata de evitar”, destacó.
A principios de 2017, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto liberalizó los precios de los combustibles, se reportaron actos de inconformidad, pero el encarecimiento de los energéticos afectó el poder adquisitivo de la población por 21 meses, de acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo.
El catedrático anotó que datos de la Secretaría de Hacienda señalan que en el primer cuatrimestre del año se obtuvieron 8 mil 900 millones de dólares por venta de petróleo y se destinaron 4 mil 443 millones de dólares en subsidios, es decir, casi la mitad de los ingresos petroleros.
Consideró que una medida de esta naturaleza no es sostenible por un periodo prolongado, porque son “medidas emergentes, justo para amortiguar el efecto de ciertas coyunturas como la que estamos viviendo ahora”.
“No es algo ideal (los subsidios), pero lo que se pierde de vista en estos análisis, es que son acciones que no solamente tienen un sentido económico, sino de gobernabilidad, ahí están los casos de Sri Lanka y Panamá, dijo Alejandro Montufar, director de la consultora PetroIntelligence.
Comentó que los gobiernos tienen que decidir qué quieren, “si la eficiencia económica de libro de texto o proteger la tranquilidad social”.
Anotó que, sin subsidios, se pagarían 30 pesos por litro de la regular, 31.50 pesos por la Premium y 33.70 pesos por litro de diésel.
