El fin de semana se oficializó la nacionalización de la planta de hidrógeno en la refinería de Tula que pertenecía a la francesa Air Liquide.
Luego de que la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a solicitud de expropiación legal de la planta de hidrógeno en Tula, Hidalgo, a su propietaria, la francesa Air Liquide, por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) creció la preocupación ante otros activos en los que la estatal petrolera tiene asociaciones con privados.
Según el gobierno, que desde hace un mes ya había ordenado la ocupación de la subsidiaria Transformación Industrial a la infraestructura de Air Liquide, la dependencia de la refinería del hidrógeno provisto por un tercero “pone en riesgo” la producción de gasolinas y diésel en la instalación, lo que también sucedería, entonces, con otros negocios de la empresa, consideraron especialistas.
Por ejemplo, el gobierno firmó también en 2017 otro contrato con la alemana Linde para el suministro a largo plazo de hidrógeno en la refinería Francisco I. Madero en Ciudad Madero, Tamaulipas. Linde invirtió cerca de 40 millones de dólares para la operación conjunta de la planta de hidrógeno, con capacidad para producir 42 millones de pies cúbicos diarios, monto y volumen de operaciones que estarían igualmente sujetos a revisión del gobierno.
En el sexenio pasado, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) concluyó dos entregas de contratos para el desarrollo de campos petroleros terrestres en asociación con Pemex a las empresas Cheiron, de origen egipcio, y Wintershall Dea, de Alemania, en los campos Cárdenas Mora y Ogarrio, donde la inversión necesaria para la vida de los contratos de licencia que pueden durar hasta 35 años ascenderá a 1,590 millones de dólares repartidos entre ambos socios, que hoy producen más de 10,000 barriles diarios de crudo para la comercialización en manos del gobierno mexicano.
Pero además, Pemex será socio mayoritario en el primer desarrollo de un yacimiento petrolero en aguas someras del Golfo descubierto por un privado: Zama, donde se estiman recursos de hasta 800 millones de barriles de petróleo, que la estadounidense Talos extraerá en estas condiciones de sociedad con el gobierno mexicano a través de su petrolera.
Y en 2028 se pretende iniciar con la primera producción de hidrocarburos en aguas profundas mexicanas, en el campo Trión del Cinturón Plegado Perdido del Golfo de México, donde la australiana Woodside Energy tiene también una sociedad con Pemex que ganó en una licitación de la CNH en la administración pasada.
Según el analista del sector energético, Ramsés Pech, las condiciones de cada trato que ha realizado Pemex tienen distintos riesgos de incumplimiento por parte de los socios, dado que se trata de negocios que dependen de condiciones externas como la volatilidad en los costos de los productos y la demanda de combustibles en el país. De ahí que la acción en Air Liquide causa impacto entre quienes podrían tener negocios en asociación con Pemex.
Desde la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE), existe incertidumbre acerca de posibles nuevas decisiones de la actual administración respecto a acciones del Ejecutivo que refuercen la política de fortalecer a las empresas del Estado por encima de los intereses de privados con inversiones en el país, a pesar de que legalmente tienen derechos establecidos.
“Las ediciones vespertinas del DOF en viernes siempre son interesantes por decir lo menos…vendrán otras?”, cuestionó Carlos Vallejo Galván, del organismo.
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