La tercera convocatoria emitida por la Secretaría de Energía para nuevos proyectos de generación eléctrica y sistemas de almacenamiento es una señal política, regulatoria y económica de que el gobierno federal ha entendido una realidad elemental: México no puede atender por sí solo la creciente demanda energética. Necesita inversión privada.
Durante años, uno de los principales reclamos del sector energético en México fue la ausencia de certidumbre. Inversionistas, desarrolladores, empresas consumidoras de electricidad y especialistas coincidían en un diagnóstico: el país necesitaba más generación, mayor capacidad de transmisión y reglas claras para atraer capital. Sin embargo, entre cambios regulatorios, pausas administrativas y una visión predominantemente centralizada del sistema eléctrico, el avance fue lento.
Hoy, el panorama parece comenzar a moverse.
La tercera convocatoria emitida por la Secretaría de Energía para nuevos proyectos de generación eléctrica y sistemas de almacenamiento no es un trámite más. Es, en realidad, una señal política, regulatoria y económica de que el gobierno federal ha entendido una realidad elemental: México no puede atender por sí solo la creciente demanda energética. Necesita inversión privada.
La primera convocatoria, lanzada en 2025, abrió espacio a proyectos privados de generación. La segunda, enfocada en esquemas de desarrollo mixto, dejó claro que existe apetito empresarial para participar en nuevos modelos de colaboración con el Estado. Ahora, esta tercera convocatoria intenta consolidar ambas rutas: inversión privada, inversión mixta y, por primera vez de manera más clara, almacenamiento energético como actor central del sistema.
Hasta hace poco, el almacenamiento era visto únicamente como un complemento para energías renovables; una especie de respaldo técnico para resolver la intermitencia del sol o del viento. Hoy, el nuevo marco regulatorio lo reconoce como una infraestructura estratégica capaz de operar casi como una planta de generación: absorber energía, administrarla e inyectarla a la red cuando el sistema lo requiera.
Porque ya no se trata únicamente de producir más electricidad; se trata de administrar mejor la que existe, evitar sobrecargas, reducir apagones y dar estabilidad a una red que durante años ha mostrado falta de inversión.
Pero el elemento verdaderamente novedoso de esta etapa es otro: la llamada planeación vinculante.
Puede sonar técnico, pero en términos simples significa algo que debió existir desde siempre: que los nuevos proyectos no se autoricen de manera aislada, sino con base en una visión integral del sistema.
Es decir: que la electricidad se genere donde realmente hace falta.
Que se construya donde la demanda existe.
Que la red de transmisión pueda soportarla.
Y que el desarrollo energético responda a necesidades nacionales, no únicamente a oportunidades comerciales.
Durante mucho tiempo se criticó que el otorgamiento de permisos obedecía más a la capacidad financiera del desarrollador que a las necesidades reales del país. El resultado fue una red fragmentada, zonas saturadas y regiones estratégicas, como la península de Yucatán o Baja California, con problemas persistentes de suministro.
La nueva lógica intenta corregir eso. Y lo hace, además, con un cambio administrativo que el sector llevaba años esperando: mayor velocidad.
La digitalización de trámites, las ventanillas únicas y la coordinación entre autoridades comienzan a reducir tiempos que antes resultaban insostenibles. Lo que antes podía tardar un año, hoy empieza a resolverse en meses. No es menor. En energía, el tiempo es dinero; y muchas inversiones simplemente no ocurrían porque el costo de esperar era demasiado alto.
Persisten retos enormes: fortalecer la red de transmisión, asegurar financiamiento para proyectos estratégicos, garantizar certeza jurídica y evitar que la burocracia vuelva a frenar el impulso que hoy parece tomar forma.
Pero sí hay una diferencia importante frente al pasado reciente: el gobierno de Claudia Sheinbaum parece estar enviando una señal distinta.
No se trata de abandonar la rectoría del Estado sobre el sistema eléctrico. Eso está claro.
Se trata de aceptar que la participación privada no es una amenaza ideológica, sino una necesidad práctica.
La demanda eléctrica en México seguirá creciendo. La relocalización industrial, el crecimiento urbano, la digitalización y la electrificación del transporte exigirán mucha más energía en la próxima década.
Y si el país quiere competir, atraer inversión y sostener su crecimiento, deberá garantizar algo elemental: que la luz no falte.
La tercera convocatoria no resolverá por sí sola ese desafío.
Pero sí representa, quizá, el reconocimiento más claro hasta ahora de que la seguridad energética de México necesita planeación pública y capital privado.
Elena Ocampo, Asociada del área de Energía, Santamarina y Steta.
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