El presidente López Obrador promueve que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos sea la compañía estatal que esté a cargo de proveer el servicio de Internet público a nivel nacional en México, cuando su título de concesión le habilita hoy solamente una operación en aquellas comunidades desconectadas, principalmente en áreas rurales y semirurales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere elevar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a rango de empresa pública estratégica para el Estado mexicano, y con ella también a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE-TEIT), una empresa subsidiaria de esa paraestatal que está facultada para llevar el servicio de Internet a localidades desconectadas y donde no exista disponibilidad de otras redes celulares de carácter comercial.
López Obrador promueve que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos sea la compañía estatal que esté a cargo de proveer el servicio de Internet público a nivel nacional en México, cuando su título de concesión le habilita hoy solamente una operación en aquellas comunidades desconectadas, principalmente en áreas rurales y semirurales donde se registraron 8.60 millones de hogares y cerca de 25 millones de personas en 2023.
El jefe del Ejecutivo presentó este 5 de febrero un paquete de 20 iniciativas de reformas constitucionales, entre las que planteó la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y con ello el traspaso de sus funciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
En materia de conectividad, el presidente López Obrador busca asegurar que los mexicanos cuenten con un acceso seguro a Internet vía la CFE-TEIT, que incluso podría ser utilizada también para la dispersión de sus programas sociales. Para todo ello, se plantearon modificaciones a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución.
“Se establece que el servicio público de Internet que preste la empresa del Estado, de la misma manera que la electricidad, constituye un servicio público estratégico cuyo objetivo es evitar que una parte importante de la población, por razones económicas, carezca de este instrumento fundamental para la educación, la cultura, la economía y la información, por lo que debe agregarse un criterio constitucional con el cual el Estado garantice su desempeño”, argumenta el gobierno federal.
Esta argumentación del presidente causa ambigüedades en el sector de telecomunicaciones, porque el artículo 6 de la Constitución ya garantiza el derecho a Internet en México. “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en el servicio de internet”, dice más adelante la propuesta de reforma del presidente López Obrador en materia de telecomunicaciones.
Esta redacción preocupa al sector privado, pues una CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos validada constitucionalmente para operar, por ejemplo, en áreas urbanas, significaría una distorsión para los mercados de telefonía y banda ancha, donde ya opera una veintena de empresas por vía inalámbrica o fibra óptica, y luego de inversiones intensivas al despliegue de infraestructura.
“Este planteamiento de reforma pudiera generar inestabilidad en el sector y afectar la competencia del mercado, que a pesar de todo, hoy en día es una competencia madura (…) El presidente tendría que hacer una identificación más clara de lo que se busca establecer con eso de ‘estratégico’, como delimitar un mercado o un espacio geográfico especifico, de otra manera se generaría una distorsión importante del mercado y CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos estaría donde no debe estar”, dijo Jorge Moreno Loza, socio director en la firma de consultoría Expanzione Business & Legal Solutions.
De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la política regulatoria que ese órgano autónomo promueve en el mercado de la banda ancha y las inversiones de los propios operadores ha repercutido en que México haya crecido de 11.8 millones de accesos de banda ancha fija en 2013, a 24.6 millones en 2022. El mercado de la banda ancha fija presenta un crecimiento de 107.6% entre junio de 2013 y marzo del 2022.
Y la propia competencia del mercado ha permitido que compañías distintas a Teléfonos de México ganaran en su conjunto 11.3 millones de suscripciones a Internet en el segmento fijo.
Víctor Pavón-Villamayor, presidente ejecutivo de Oxford Competition Economics, previó una posible afectación a la neutralidad competitiva del mercado, con la entrada de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos al mercado, tras la denominación de considerarla como empresa estratégica del Estado mexicano.
La posibilidad de que el Congreso de la Unión apruebe que CFE-TEIT pueda comercializar de manera legal sus servicios en mercados atendidos ya por otras compañías, por ejemplo, con servicios inalámbricos fijos, provocará afectaciones a la concurrencia y competencia y a la inversión difíciles de subsanar, porque además no existirá una autoridad reguladora independiente, pues para entonces el Instituto Federal de Telecomunicaciones habrá desaparecido y la SICT que absorberá sus funciones hace parte del gobierno federal como CFE-TEIT.
Izzi Telecom, Megacable, Telmex y Totalplay invirtieron un conjunto de 39,174 millones de pesos en el año 2022, unos 2,137.2 millones de dólares al tipo de cambio para ese año, que se destinaron a la construcción, aprovechamiento y mantenimiento de redes fijas de telecomunicaciones por todo México.
“Podría haber efectos adversos, donde la inversión pública en actividades, como es este caso de Internet, estaría desplazando a las actividades privadas, creando una distorsión. Aparte, para incrementar tu grado de penetración hacia los usuarios, significará que estarás como gobierno fondeando de manera recurrente y con dinero público. Y el gobierno se enfrentará con que cada peso que le meta a la provisión pública de Internet, será un peso que se lo estará retirando a la salud público u otra infraestructura de servicios y en el largo plazo no queda claro si el fondeó será suficiente y mientras la preocupación será el desplazamiento de los privados, que no habrán tenido incentivos para invertir, afectando la neutralidad competitiva”, dijo Víctor Pavón, de Oxford Competition Economics.
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