Jennifer Granholm expresó que hizo patente la inquietud en cada reunión que sostuvo la semana pasada con funcionarios mexicanos.
La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, externó abiertamente las preocupaciones de su gobierno acerca de la iniciativa de reforma constitucional que se discute en el Congreso para devolver el monopolio de toda la cadena de valor de la energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dándole un mínimo legal de 54% de la generación eléctrica del país, cancelando contratos del régimen anterior al 2013 y quitando autonomía a los reguladores del sector.
“En cada reunión, expresamos las preocupaciones reales de la Administración Biden-Harris con respecto al posible impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México en la inversión privada estadounidense en México”, afirmó el viernes en un comunicado para informar las conclusiones de su gira por el país los pasados 20 y 21 de enero.
“La reforma propuesta también podría obstaculizar los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y México en materia de energía limpia y clima. Debemos mantener y mejorar los mercados energéticos abiertos y competitivos que beneficien a América del Norte”, expuso.
En sus distintas reuniones con altos líderes mexicanos, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como con la industria, los legisladores y la sociedad civil, la titular de Energía confió en que le aseguraron que México está comprometido con apoyar la energía limpia y resolver las disputas actuales con proyectos energéticos dentro del estado de derecho.
Y es que, según las proyecciones del gobierno del país vecino del norte, México ha sido bendecido con una gran cantidad de energía renovable potencial que, si se realiza por completo, podría impulsar a su propio país al menos 10 veces más, crear millones de empleos bien remunerados y desarrollar una industria de exportación extraordinaria orientada a un mundo que necesita energía limpia.
“Hemos expresado nuestro entusiasmo por trabajar con el gobierno mexicano para avanzar en sus objetivos climáticos y hacer crecer una economía de energía limpia competitiva y diversificada”, expuso la funcionaria, “entre otras prioridades, queremos explorar la colaboración en el desarrollo de la energía geotérmica, la integración de las energías renovables en la red, la reducción del metano y la electrificación rural”.
Finalmente, reiteró que México es su segundo socio comercial más grande y las empresas estadounidenses son los mayores inversionistas de México, por lo que en la administración Biden-Harris existe un interés fundamental en que México y su gente tengan un buen futuro.
Previo a la visita de Jennifer Granholm a México, la Casa Blanca recibió diversas misivas por parte de legisladores, así como por grupos de ambientalistas, en las que le externaban su preocupación por el contenido de la iniciativa de reforma eléctrica mexicana y le conminaron a asumir una postura más enfática en contra de la reforma y a favor de los intereses de las empresas estadounidenses.
La iniciativa de reforma mexicana contempla la cancelación de contratos y permisos de generación eléctrica de privados y limitar la generación de electricidad por parte de privados a un tope de 46% del total nacional.
Paralelamente, plantea cerrar el mercado de comercialización de electricidad a la inversión privada, de modo que los generadores privados solo podrían venderle electricidad a la CFE, que sería la única empresa con permiso para realizar el suministro.
La iniciativa también plantea la desaparición del despacho económico en materia de electricidad y se establece uno que privilegiaría la generación de la CFE (hidroeléctrica, nuclear y geotérmica, gas, combustóleo, diésel y carbón), dejando al final la privada (principalmente a gas, solar y eólica).
De aprobarse, también causaría la desaparición de los reguladores energéticos: la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); y la reincorporación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la CFE.
Debido a lo anterior, la CFE no sólo sería una empresa monopólica nuevamente, sino que sería un monopolio sin regulación, además de que sería juez y parte en el despacho eléctrico al controlar al Cenace, que se encarga de la administración del despacho eléctrico.
Finalmente, el proyecto legislativo plantea la prohibición del otorgamiento de concesiones privadas para la explotación del litio, dejando esta como área exclusiva para una empresa estatal.
