Todo está planeado para que la reforma se vote en este periodo legislativo, pero la negociación entre partidos será la determinante del proceso.
La reforma para dar más poder de mercado a la CFE parecía estar paralizada en la Cámara de Diputados, el órgano de recepción de la iniciativa. Pero la prisa por retomar la discusión ha aparecido entre los legisladores de Morena y los tiempos parecen ya estar acordados para que la iniciativa de ley llegue al Senado antes del término de este periodo legislativo, el 30 de abril próximo.
Este lunes, según la última información difundida en la gaceta parlamentaria, quedaría instaurada la sesión permanente entre los miembros de la Comisión de Energía y de Puntos Constitucionales para la dictaminación del documento, el proceso en el que los legisladores harían algunos cambios –de así decidirlo– y aprobarían el texto final que subiría a votación en el pleno. Esto marcaría el inicio formal de la discusión entre legisladores para que la reforma sea votada en un par de semanas, aunque aún se desconoce con certeza el plazo.
Las señales indican que la iniciativa sufrirá algunas modificaciones, pero ninguna que cambie la estructura o el fin último de la reforma: recortar la participación privada y dejar en manos de la estatal CFE la responsabilidad de la generación eléctrica. «Hay varias propuestas en la mesa, que plantean sin modificar el espíritu de la reforma original. Algunas mejoras, algunos fortalecimientos para brindar certidumbre en quienes participan en la industria eléctrica”, ha explicado Manuel Rodríguez, el presidente de la Comisión de Energía, hace unos días en una entrevista.
Entre las modificaciones se establecería que la transición energética estará a cargo del Estado mexicano y no centrada en la CFE, como se establece en el documento original. También se modificaría la redacción de la iniciativa para que quede claro que el modelo de generación distribuida podrá seguir adelante, se garantice el derecho de las comunidades y la sociedad civil a participar en el modelo energético, y se garantice con mayor claridad el acceso a la electricidad como un derecho humano, según han dicho funcionarios de la Secretaría de Energía y legisladores.
Otra serie de principios también serían agregados. El documento de reforma también podría incluir un inciso sobre la revisión de tarifas eléctricas y abriría la puerta a la adhesión de estímulos fiscales para incentivar la compra de vehículos eléctricos y el desarrollo de tecnología relacionada.
Rodríguez, una de las piezas clave en la política energética del presidente López Obrador y uno de los principales impulsores de la reforma, dice que los cambios se realizarían para “lograr el consenso necesario” en el legislativo. Algunas de las modificaciones fueron propuestas por miembros de la Confederación Nacional de Gobernadores. y del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El Partido Acción Nacional ha mantenido una postura más dura respecto a la reforma y no ha manifestado margen de negociación.
Pero quizá los cambios no sean suficientes para calmar los ánimos de la iniciativa privada. Ninguno de los puntos álgidos sería removido o al menos no hay señales que así lo indiquen.
Los puntos de la reforma que preocupan a los privados
Los incisos que más preocupan al sector privado son los referentes a la cancelación inmediata de los contratos privados, un cambio en el orden en que se toma la energía que se despacha en el sistema para poner al inicio de la fila las centrales de la CFE y la desaparición de los órganos autónomos.
Pero pese a las inquietudes, no hay una señal clara que indique un intercambio o conversación entre las compañías y el gobierno federal o legisladores. El ejercicio de parlamente abierto, que duró mes y medio, tuvo como grandes ausentes a las compañías privadas, quienes dejaron en las asociaciones del sector la defensa de sus actividades y de las inversiones que han desplegado en los últimos 30 años.
Desde su camino como candidato, el presidente López Obrador ha declarado como opositor de la reforma de 2013, que abrió el mercado a la inversión privada. El discurso energético a favor de las empresas estatales se ha mantenido como una parte medular de los mensajes presidenciales, quizá solo opacado por la constante alusión a la lucha contra la corrupción. Con una votación favorable en Diputados, el ejecutivo amarraría el principio del fin del cambio constitucional de su antecesor. Pero el camino para Morena no será sencillo, a menos de que logre una negociación exitosa.
Para aprobar la reforma, Morena necesita que dos terceras partes de la Cámara baja estén a favor del documento. El partido del presidente necesita 57 votos de miembros que no son de su bancada o de sus aliados. Los analistas coinciden en que la posibilidad más viable es que estos votos provengan del PRI o en una opción un poco más remota, de Movimiento Ciudadano.
Los retos para su aprobación
El partido del presidente se enfrenta a un escenario más complicado que el periodo legislativo pasado cuando, con una indiscutible mayoría en ambas cámaras y sin una discusión tan acalorada, logró, por ejemplo, pasar la reforma para la creación de la Guardia Nacional y aprobar la reforma secundaria a la Ley de la Industria Eléctrica, que contenía los puntos medulares del documento que propone una reforma constitucional, pero que fue frenado en juzgados.
El PRI había pedido que la votación de la reforma se diera después de las elecciones estatales de junio próximo, en las que se votarán a los nuevos gobernadores de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
La votación se daría en un momento importante para Morena: el partido y el presidente vienen de anotarse un punto a favor con la inauguración sin grandes contratiempos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la discusión en forma de la reforma se dará en medio de la próxima consulta de revocación de mandato, del 10 abril.
Encuestas difundidas marcan que la aprobación de la reforma daría un punto más a la popularidad del presidente. En octubre un ejercicio difundido por el Gabinete de Comunicación Estratégica indicaba que el 63.8% de los mexicanos están a favor de la reforma impulsada desde presidencia. Otra encuesta de noviembre pasado del periódico El Financiero dice algo similar, que el 51% de la población está a favor de la propuesta, pero el 57% dice conocer poco o nada del documento. Los números muestran que la reforma goza de gran apoyo, pero poco de él es informado.
