La Suprema Corte pronto votará un proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf que busca declarar como válida la reforma a Ley de la Industria Eléctrica.
Un próximo movimiento de la Corte podría cambiar el rumbo de la política energética. La Suprema Corte se perfila a votar durante la próxima semana un proyecto de la ministra Loretta Ortiz que plantea declarar como válida la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, un cambio que antecede a la reforma constitucional enviada por el presidente y cuyo rumbo para su votación ya ha iniciado en el Congreso.
El proyecto de Ortiz Ahlf, una de los fundadores del partido del presidente y la cuarta magistrada nombrada durante el sexenio, propone revivir los cambios impulsados desde presidencia para favorecer a la estatal CFE antes de apostar por la iniciativa constitucional, pero que fueron detenidos por jueces especializados en competencia después de que compañías privadas y organizaciones civiles interpusieron amparos.
El proyecto echaría atrás tres recursos interpuestos ante la Corte: una acción de inconstitucionalidad interpuesta por legisladores de oposición y dos controversias constitucionales promovidas por la Comisión Federal de Competencia y el estado de Colima. La aprobación de éste daría vía libre al gobierno federal para echar a andar algunos cambios, como priorizar las centrales de la CFE en el orden de despacho de energía eléctrica y revisar los contratos de las compañías privadas para garantizar que estos sean de beneficio para el Estado.
Ambas premisas forman parte de los puntos más álgidos y claves de la reforma constitucional. La aprobación del proyecto, dicen los analistas, sería un determinante en los siguientes pasos a tomar rumbo a la votación de la iniciativa Constitucional en el Congreso, planteada para la segunda semana de abril, tan solo unos días después de la consulta de revocación de mandato. “En este momento el gran riesgo es lo que diga la Corte, porque a través de la Corte el gobierno podrá seguir su política de estrangulamiento del sector energético”, dice Luis Carlos Ugalde, el director de Integralia Consultores.
El presidente López Obrador tiene en la Corte a algunos colaboradores cercanos, como Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat, pero el camino para la aprobación del proyecto requiere que ocho de los 11 magistrados estén a favor del documento y los analistas no se atreven a dar una prospectiva de la votación.
Aún no queda claro el día en que será votado. El documento fue listado desde mediados de marzo para ser discutido, pero la Corte ha priorizado otros debates como el caso relacionado con el hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero. Pero todo indica que el futuro del proyecto para declarar como válida a la reforma a la LIE se definirá la siguiente semana, en los mismos días en que se difundirá el proyecto de dictamen de la reforma constitucional en materia eléctrica.
El futuro del proyecto de Loretta Ortiz podría definir los siguientes pasos de la reforma constitucional en el sector. La razón: una resolución a favor del documento implicaría una primera victoria legal del gobierno federal dentro del mercado eléctrico y daría a la Secretaría de Energía el primer impulso en firme para desplegar sus nuevas reglas que hasta ahora habían sido detenidas.
“Ya no habría nada que hacer, los amparos básicamente se resolverían en ese mismo sentido y entraría en vigor la reforma (a la LIE)”, dice Bernardo Cortés, un abogado del sector.
¿Cuáles son las diferencias entre la reforma eléctrica y la reforma a la LIE?
La iniciativa constitucional enviada desde presidencia es más ambiciosa que la reforma a la LIE: cancela los contratos con la iniciativa privada, deja a la estatal CFE el rol principal dentro del mercado eléctrico y desaparece a los dos organismos autónomos del sector. Pero fuera de ello, marca los principios de la dinámica promovida desde el gobierno federal, que se basa básicamente en limitar la participación privada e imponer un nuevo orden en el mercado, en el que la Comisión Federal de Electricidad retome el papel protagónico.
Y una victoria del gobierno federal en la Corte podría llevar a dos escenarios: un breve descanso en la promoción de la reforma energética –cuya aprobación se ha acelerado en los últimos días– o una fuente de presión para los legisladores, a quienes se les podrá dar el argumento de que no existen violaciones a la Constitución que sustenten un voto en contra. El giro en el discurso lo decidirá el presidente.
Los analistas vaticinan la primera como la más probable. El tiempo de Morena ya es corto respecto al fin de esta legislatura, que termina el 30 de abril. En menos de un mes, la bancada quiere que el documento se apruebe en ambas Cámaras. Pero el trabajo de negociación ha sido corto y no hay muchas señales de consenso entre los partidos.
La bancada morenista ha metido acelerador a la discusión de la reforma en la Cámara de Diputados, pero los cambios que se proponen al documento podrían no ser suficientes para que éste logre la mayoría calificada. Morena necesita de 57 votos en la Cámara baja para enviar el documento al Senado.
Hace unos días el presidente pidió al Congreso aprobar la reforma sin modificaciones. Ello podría limitar aún más las posibilidades de que el documento continúe su paso hacia la Cámara Alta sin contratiempos. Los analistas ya vaticinan una derrota de la reforma en el Congreso. “En estos momentos (los partidos de oposición) no ganarían nada aprobando la reforma”, dice Ugalde. Las fracciones opositoras necesitan mantener el discurso de contrapeso rumbo a las elecciones de junio próximo, a menos de que una negociación entre Morena y el PRI marque la agenda.
Morena necesita también convencer a los opositores del Senado. Si para el partido oficialista, la Cámara de Diputados podría representar un trabajo importante de convencimiento y acuerdos, el Senado se dibuja como un escalón más complicado. “Estas cuentas ya las tiene claro el ejecutivo y por eso es que hace un llamado a que se apruebe de inmediato la reforma sabiendo que no tiene los votos para reunir la mayoría calificada, explica Said Hernández, un politólogo especialista en elecciones y Congreso. “En efectos prácticos la reforma constitucional perdería un tanto sentido porque la Suprema Corte ya habrá avalado lo mismo que buscaba la iniciativa que presentó el ejecutivo”.
De cumplirse el escenario, la reforma constitucional podría pasar –al menos por algún tiempo– a un segundo plano. “Estamos entre un escenario malo y un escenario muy malo”, dice Ugalde.
