La decisión fue presentada y celebrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada. El mandatario ha sido crítico de la empresa española, e incluso ha asegurado que el expresidente Calderón trabaja para ella.
La compra de las plantas generadoras de electricidad de Iberdrola por parte del gobierno es una mala decisión, señaló hoy el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en su análisis semanal.
El Centro señaló que, en este momento, es secundario si la compra fue con deuda pública o no, pues se usaron recursos públicos, en principio del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), para adquirir las generadoras por 6 mil millones de dólares.
La compra, dijo el organismo privado, tiene al menos tres implicaciones negativas como política pública.
La primera “es una señal negativa hacia la inversión en el país, ya que es precedida por ataques verbales del propio presidente a Iberdrola”, aunque no tuviera pruebas objetivas más que dichos, lo que además se dio en un momento cuando el país necesita concretar la atracción de inversiones.
Un segundo punto negativo, agregó el organismo, es que si bien las plantas generadoras son productivas y probablemente eficientes, “su adquisición conlleva gastos de mantenimiento a futuro, que serán difíciles de solventar”.
“Y en México como en todo el mundo los gobiernos enfrentan problemas de suficiencia de recursos para el mantenimiento de la infraestructura, ya que compiten con otras prioridades que a menudo son más urgentes.”
Un tercer punto negativo es que se debe mejorar y ampliar la infraestructura pública y la logística y asegurar que la electricidad se transmita y distribuya suficientemente a lo largo de todo el país.
“La inversión en líneas de transmisión y distribución, que es monopolio de la CFE, ha sido insuficiente. Dichas inversiones han estado significativamente por debajo de lo planeado en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) desde el 2019. Por ello, sería preferible destinar los recursos públicos a este fin, entre otros críticos, en lugar de utilizarlos para adquisiciones que no contribuyen a lo prioritario en este momento para el país”, dijo el organismo privado.
El pasado 4 de abril, el gobierno de México e Iberdrola acordaron la venta de 13 plantas en el país que serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en una operación de 6 mil millones de dólares que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “nueva nacionalización”.
El mandatario federal habló sobre las transacciones en un video divulgado en redes sociales en el que estaba acompañado por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y directivos en México de la empresa española.
Ramírez de la O dijo que la operación será completada en cinco meses, pero no dio detalles de cómo se financiará la compra.
Más temprano, Iberdrola anunció que había firmado un memorando de entendimiento con Mexico Infrastructure Partners (MIP) para venderle 8,539 megavatios (MW) de capacidad instalada de ciclo combinado y 103 MW de energía eólica en el país latinoamericano por 6,000 millones de dólares.
Añadió que el 87% de la capacidad instalada en el acuerdo opera en México bajo la figura de Productor Independiente de Energía (PIE), un esquema en el que las empresas venden su energía a la CFE.
No hubo claros de inmediato los detalles del acuerdo y cómo es que la operación de la capacidad instalada pasará a manos de la CFE.
“Esto significa el rescate de la Comisión Federal de Electricidad y es una nueva nacionalización de la industria eléctrica”, dijo el presidente.
