El debate en torno a la transición energética suele quedar atrapado entre dos dimensiones. La primera es técnica y aborda cómo integrar más renovables con redes robustas y baterías que almacenan electricidad y ayudan a estabilizar el sistema, además de desarrollar nuevas tecnologías como el hidrógeno renovable para sustituir insumos fósiles en la industria. La segunda es ambiental y examina cómo estos avances reducen las emisiones de toda la economía. Para un país exportador como México, esa reducción también puede fortalecer la competitividad de sus productos ante compradores que buscan cadenas de suministro con menor huella de carbono.
Ambas miradas son indispensables, pero resultan incompletas si se omite una tercera, la que entiende la energía como una palanca de prosperidad compartida y da sentido al carácter justo de la transición. México viene fortaleciendo esa visión. El Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, publicado en 2025, contempla planes de gestión social para reducir la pobreza energética, fortalecer las cadenas locales, mientras que el Plan de Crecimiento de Energías Renovables, presentado este año, incorpora proyectos con pertinencia regional. Este reconocimiento explícito de la dimensión social en la planeación nacional ofrece una base para avanzar en su instrumentación territorial, de modo que la transición se evalúe por las oportunidades reales que abre para los hogares y las empresas en cada región.
Esta dimensión social tiene una lógica económica. Las actividades petroleras y eléctricas no solo aportan cerca del 3% del PIB, una magnitud comparable a toda la economía de Sonora, sino que su carácter transversal les da un alcance mucho mayor, pues, además de ser actividades productivas, hacen posible la operación de industrias, transportes y comercios de todo el país. Por eso, las decisiones sobre infraestructura energética influyen durante décadas en las posibilidades de crecimiento de una región.
El efecto multiplicador de esas inversiones puede abrir una vía de movilidad social. Por un lado, vincular la reconversión energética y productiva con la capacitación de trabajadores y el desarrollo de proveedores locales permite aprovechar el conocimiento de una región para generar nuevas actividades, empleo e ingresos. Un ejemplo es Campeche, cuya economía está estrechamente ligada a los hidrocarburos y donde se trabaja en el diseño de un plan para diversificar las actividades productivas. Para las empresas locales, participar como proveedoras de componentes y servicios puede abrir nuevos mercados y extender la demanda a otros negocios de la zona. Para los trabajadores, la capacitación y la especialización pueden facilitar el acceso a empleos formales, mejor remunerados y de mayor responsabilidad. Una transición justa puede partir precisamente de esas capacidades que el territorio ya ha construido.
La otra vía consiste en que los nuevos proyectos renovables contemplen cómo acercar un suministro confiable y asequible a más hogares. El peso del gasto energético en el presupuesto familiar ayuda a entender la importancia de ese acceso. El libro Transición energética, desigualdades y movilidad social, editado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias y la Agencia Francesa de Desarrollo, documenta que los hogares del quintil de menores ingresos destin16% de su ingreso a energía y combustibles, frente a 6.2% en el de mayores ingresos. Desarrollar la infraestructura y los servicios necesarios para atenderlos puede reducir la pobreza energética y mejorar sus condiciones para estudiar, trabajar y cuidar la salud. Cuando cubrir sus necesidades de energía requiere una menor parte del ingreso, las familias disponen de más recursos para otras prioridades, como financiar estudios, ahorrar o invertir en una actividad productiva que les permita mejorar sus ingresos futuros.
He aquí la importancia de una planeación integral y de largo plazo. La evaluación permite conocer la situación inicial y definir los resultados esperados; el seguimiento muestra después qué cambió y para quién. Importa saber, por ejemplo, si un primer contrato conduce a una relación comercial duradera o si la experiencia laboral se convierte en una carrera. En los hogares, esto significa observar si las mejoras del suministro perduran. Con esa información es posible ajustar las decisiones y reconocer cómo la inversión se convierte en desarrollo sostenido. Las oportunidades también se miden.
México está avanzando en esta dirección y cuenta con una oportunidad extraordinaria para convertir su transformación energética en prosperidad compartida. Sus instituciones, empresas, trabajadores y comunidades aportan conocimientos y experiencias esenciales para construir ese futuro. La cooperación internacional puede ampliar esas posibilidades cuando conecta aprendizajes de distintos países con las prioridades y capacidades de cada territorio. Con esa convicción, desde la Agencia Francesa de Desarrollo, participamos en el Proyecto Transición Energética Justa. Esta colaboración entre México y Francia busca aportar estudios y herramientas que conecten la planeación energética con el desarrollo productivo y el bienestar de los hogares, al servicio de las prioridades mexicanas.
Las decisiones energéticas de hoy pueden ampliar, durante décadas, las posibilidades de las personas para construir una vida mejor. La medida de una transición justa estará también en las oportunidades que cada territorio y cada familia puedan construir a partir de ella. Sigamos abriéndolas.
* La autora es directora regional para México, Cuba y Centroamérica, de la Agencia Francesa de Desarrollo.
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