El Estado mexicano enfrenta una odisea para ejercer como empresa dando servicio de internet directamente a los usuarios.
Hay un nuevo jugador dispuesto a llevar internet a todos los mexicanos, principalmente a las ciudades donde aún no hay conectividad. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en su división Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE-TEIT), ha anunciado que instalará 2.800 antenas de comunicaciones con las que planea conectar a 6,4 millones de personas en 18.364 poblaciones de México.
Según el plan expuesto esta semana por el director general de CFE, Manuel Bartlett, 873 antenas serán instaladas en los Estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco y su señal llegará a 1,2 millones de personas, mientras que en Veracruz, Tlaxcala y Puebla la CFE instalará 407 antenas para llevar internet a 3.373 localidades.
La tarea, que suena sencilla para una empresa que cuenta con los recursos del Estado mexicano, puede ser titánica, sobre todo si, como lo ha expuesto el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quiere dar servicio de internet móvil a donde las empresas privadas como Telcel, propiedad de América Móvil del magnate Carlos Slim, la española Telefónica o la estadounidense AT&T no han logrado llegar.
Michel Hernández Tafoya, director general de Observatel, una asociación que promueve el acceso a las telecomunicaciones en el país, indica en entrevista que llegar a las comunidades apartadas no es sencillo y no ha resultado rentable para las operadoras. “No es barato por las implicaciones que tiene llegar a las zonas más remotas, que generalmente son zonas muy poco pobladas, muchas de ellas que ni siquiera cuentan con caminos apropiados para que pueda pasar toda la infraestructura y que se facilite la instalación”, comenta.
Si bien, México ya cuenta con una penetración importante en cuanto al número de dispositivos que se conectan a internet, la cobertura geográfica sigue siendo menor al 80% del territorio nacional. De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), hasta el cierre de 2021 existían 108,8 millones de aparatos móviles conectados a internet, pero alrededor del 30% de la población sigue sin tener acceso, un derecho que desde 2013 se declaró un derecho humano.
La nueva odisea del Estado mexicano como empresario
CFE TEIT no tiene el panorama fácil, ya de entrada, sus atribuciones jurídicas no le permiten distribuir a todos los mexicanos. Gerardo Flores Ramírez, economista especialista miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), precisa en entrevista que una empresa con participación estatal tiene restricciones para dar servicio a los usuarios finales, como actualmente lo hace, a través de la figura de Operador Móvil Virtual (OMV). “Solo puede prestar servicios a usuarios finales en aquellas localidades donde no haya presencia de otros operadores, por lo que el IFT limitó sus atribuciones previstas en la legislación de 2013″, indica el jurista. La concesión entregada a la CFE en agosto de 2019 le impide comercializar en las áreas donde otras empresas den el servicio, aunque actualmente CFE TEIT ya tiene 46 puntos de venta donde ofrece servicios de internet y telefonía desde los 30 pesos (poco más de un dólar) por un plan de conectividad al mes y de hasta 300 pesos.
Según el mapa de conectividad de los puntos en los que actualmente la CFE puede brindar planes de internet móvil, sigue habiendo zonas en desconexión, sobre todo en aquellas cuya geografía se hace difícil al acceso, incluso de la energía eléctrica. Actualmente, las grandes ciudades como Guadalajara o Monterrey no cuentan con puntos de venta de CFE TEIT, pero debido a la movilidad de los dispositivos, están capacitados para dar el servicio.
Según el presidente de México y el director de la CFE, este plan “cambiará la vida de México al lograr conectar a precios muy bajos”. Pero son los precios de los servicios de telecomunicaciones los únicos que, en contraste con la elevada inflación del país, van a la baja. El Índice de Precios de Comunicaciones en México disminuyó 28,7% tras la aprobación de la Reforma en telecomunicaciones en 2013 y mayo de 2022, según cifras del regulador de la industria en México.
La entrada de una empresa de carácter estatal, de acuerdo con los especialistas, lejos de generar un suelo parejo, puede generar desorden. “El papel del Estado como proveedor de servicios de telecomunicaciones genera riesgos importantes para un sector que, sobre todo en el caso de México, se estaba tratando de consolidar como un sector en constante competencia”, dice Flores Ramírez. “La misma reforma asume que esa la vía de la competencia en los mercados, no va a ser suficiente y por ello tendría que ser el IFT al que le toque supervisar la operación
de todos, también de CFE TEIT”, dice Hernández Tafoya.
Las 2.800 antenas que serán instaladas en los próximos meses formarán parte de un entramado de puntos de conectividad que en muchas ocasiones ya es cubierto por las operadoras tradicionales. Tan solo una de las empresas que prestan servicio a Telcel, Telesites, cuenta con 19.995 sitios con torres que prestan servicios de 3G y hasta 5G en las grandes ciudades. “CFE como empresa de electricidad ya tiene mucha infraestructura instalada, lo importante no es que solo instalen antenas, sino que estén capacitadas para conectarse simultáneamente y con otras localidades”, dice el director de Observatel.
México se está tomando muy en serio su papel como empresario de telecomunicaciones. En junio de este año el Gobierno de López Obrador rescató a la empresa Altán redes de la quiebra, volviéndose socio mayoritario de la compañía encargada del despliegue de la Red Compartida. Por ello, el costo que supone la instalación de estos nuevos puntos de conexión debe ser regulado y vigilado por el IFT y por organismos públicos. “CFE deberá de ser transparente y decir qué contrato se está empezando a asignar, para qué zonas del país, qué presupuesto está asignando a sus contratos, de otro modo no sabremos cuál será el costo de esta aventura”, finaliza el economista Flores.
