La Comisión Federal de Electricidad gestionará la deuda por alrededor de 266 millones de dólares que Altán todavía debe a entidades de la banca de desarrollo.
Los derechos que posee el Estado mexicano en la empresa de telecomunicaciones Altán Redes, a través del Banobras, Bancomext, Nacional Financiera y otras entidades públicas relacionadas con la banca de desarrollo, serán transferidos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a partir de septiembre.
De esta manera, CFE o alguna de sus empresas subsidiarias, como puede ser CFE Telecom e Internet para Todos, será la entidad que gestionará los intereses del Estado en Altán, que continuará siendo una empresa público-privada, como lo ha venido siendo desde su conformación en 2018, si bien con participación mayoritaria del Estado mexicano desde el 2022.
CFE gestionará así la deuda por alrededor de 266 millones de dólares que Altán todavía debe a entidades de la banca de desarrollo como el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin), principalmente, luego de que en el primer semestre del 2022 esas instituciones auxiliaron a Altán en sus compromisos financieros y en su reestructura que hicieron parte de un concurso mercantil.
“La propiedad de los derechos que tiene hoy el gobierno en Altán, que hoy los tiene la banca de desarrollo, se transfieren a CFE, pero la empresa se mantiene como un proyecto de asociación público-privada. La empresa continuará todavía con sus socios privados, solamente que la participación del gobierno federal la tendrá CFE en un par de meses y entonces los intereses del Estado, los administrará esa dependencia y las fechas de repago de los créditos seguirán como están ahora, que están para el 2032”, dijo una fuente con conocimiento directo del tema.
Altán Redes es una empresa de telecomunicaciones conformada para construir y administrar una red celular de calidad 4.5G LTE Advanced, mediante el espectro radioeléctrico de los 700 MHz y a nivel nacional en México, desde el año 2018.
Al primer trimestre del 2024, la compañía dijo haber conseguido una cobertura celular para cubrir al 94% de los mexicanos y tener más de un centenar de clientes mayoristas, que a su vez ofrecen servicios a 13 millones de usuarios finales. Altán Redes facturó 109 millones de dólares en el primer trimestre del año.
El lunes, declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al futuro de Altán Redes tras el fin de su sexenio, fueron interpretadas como una reconversión de Altán en una empresa estatal.
“Altán Redes, que ya es una empresa mayoritaria del Estado mexicano, va a ser manejada por la CFE; para que, así como la CFE se ocupa de que llegue la electricidad a todos los hogares, esta empresa va a tener ese propósito de suministrar el servicio de Internet en todos los hogares (…) La presidenta electa (Claudia Sheinbaum) va a hacerse cargo de que funcione bien el sistema de comunicación, el Internet en especial”, había dicho el presidente.
El comentario significó que Altán Redes se integraría a la estructura de la Comisión Federal de Electricidad, lo que complicaría el entramado jurídico y regulatorio en el que actualmente se apoya Altán y significó un susto también para la industria móvil, dado que Altán estaría, a través de CFE Telecom, comercializando servicios de telecomunicaciones al menudeo, a los que está impedida por título de concesión.
La empresa Altán Redes, según datos de su proceso de concurso mercantil, adeuda dinero a poco más de cien compañías. Sus principales acreedores en el sector público son el Promtel, Bancomext, Banobras y Nacional Financiera.
Otros de sus acreedores son Megacable, Nokia, Huawei, ICA Flour, Axtel, ATC Holding Fibra México, Telmex, AT&T, Telcel, Televisa, Telesites y Vasanta, entre bastantes otras compañías de telecomunicaciones.
Pero Altán Redes también adeudaba dinero a empresas como Walmart, cuya marca de telefonía celular, BAIT, es un principal cliente.
Altán mantiene adeudos todavía con empresas conocidas como “acreedores prioritarios” y “acreedores comunes”, y no está claro cómo una hipotética integración a la estructura de CFE podría beneficiar o complicar sus promesas de pago a los acreedores.
“Los efectos del proceso siguen. Debe alrededor de 260 millones de dólares a la banca de desarrollo; luego los fibreros y torreros y otras empresas que participaron con otros 200 millones de dólares, además de los 50 millones de dólares que ya tenían los accionistas. Por eso sigue la misma estructura y la deuda es la misma, y los recursos se han canalizado para el crecimiento de la red. Esto es una transferencia de derechos”, dijo la fuente.
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