La defensa de Emilio Lozoya Austin anunció que hoy entregará en Palacio Nacional una carta para el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual ratificará la disposición del ex director de Pemex a firmar un acuerdo reparatorio en los casos de soborno por el monto de 10.7 millones de dólares, fijado por las autoridades.
Miguel Ontiveros Alonso, abogado de Lozoya Austin, dijo a La Jornada que están cumplidas las condiciones para que su cliente se acoja al criterio de oportunidad y firme el acuerdo reparatorio.
Recordó que la cantidad citada la establecieron Pemex, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República (FGR) y está documentada en los oficios entregados a los juzgados que conocen de los procesos.
El monto para reparar el daño originado por los sobornos del empresario Alonso Ancira y de la constructora Odebrecht “no fue fijado por Emilio Lozoya y estamos totalmente de acuerdo”, dijo el abogado.
Agregó que pedirá fijar fecha y hora para firmar el convenio “y se pague lo establecido en cuanto a la reparación del daño. Consideramos que estamos en condiciones de firmar la semana próxima”.
FGR pide sostener arraigo de la madre de Lozoya
Por su parte, la FGR se opuso ayer a que un juez de control cambie la medida cautelar de arraigo domiciliario a Gilda Margarita Austin Solís, madre de Lozoya, para que siga su proceso en libertad.
La señora Austin fue vinculada a proceso en noviembre de 2019 por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, aplazó el miércoles la audiencia por una falla en las comunicaciones. La diligencia se reanudará hoy a las 13 horas.
En la sesión de ayer, los abogados defensores solicitaron el cambio de medida cautelar impuesta a su representada, para lo cual argumentaron que está afectada “gravemente en su salud física y mental”.
En la diligencia, la defensa, que encabezan Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda, señaló que, de acuerdo con dos dictámenes médicos, Gilda Margarita, de 75 años de edad, padece trastorno de estrés postraumático, depresión moderada y sigue un tratamiento por anorexia, ya que ha perdido ocho kilos.
Sin embargo, para el Ministerio Público Federal la señora debe continuar en arraigo domiciliario, ya que no padece enfermedades terminales o que le impidan cumplir con la actual medida cautelar.
La fiscalía consideró que, si el juez le permite seguir su proceso en libertad, existe el riesgo de que se evada de la justicia, ya que tiene familiares en Alemania y cuenta con una red de ayuda para esconderla o sacarla del país, como el caso de su hija Gilda Susana, prófuga de la justicia; además de que tiene recursos suficientes para movilizarse.
