Como si hicieran falta más elementos de incertidumbre para las inversiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al poder legislativo una iniciativa para modificar la Ley Minera.
Como en el caso del petróleo, el gas y la electricidad, en el de la minería, el jefe del Ejecutivo tiene la intención de “rescatar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano y son del dominio directo de la nación”.
Más allá del sesgo nacionalista –que, sin duda, puede ser cuestionado, pues de hecho el Estado mexicano mantiene la rectoría sobre los recursos naturales en el subsuelo–, la iniciativa, de ser aprobada tal cual, podría tener implicaciones negativas para las inversiones en el sector.
Es decir, implica un elemento adicional de incertidumbre para los inversionistas nacionales e internacionales, aun y cuando la aplicación de la nueva ley, es poco probable que pretenda aplicarse de manera retroactiva.
El cambio de reglas podría afectar a aquellas empresas cuyas concesiones estén por terminar y tendrán que sujetarse a los nuevos términos y por supuesto a aquellas que están buscando tener una concesión.
La iniciativa de Ley Minera, de hecho, se tardó en ver la luz. El presidente de México, desde el inicio de su gestión, canceló el otorgamiento de concesiones.
En muchas ocasiones ha reiterado en sus conferencias mañaneras, que su gobierno no ha entregado ni una sola nueva concesión.
Era previsible que viniera un cambio de reglas a través de la modificación de la ley.
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, del inicio de esta administración, a la fecha, se ha reducido el territorio concesionado para las actividades mineras en México. Mientras que en el año 2018 era de 10.64% para el cierre del 2022 se ubicó en 8.59%.
La iniciativa está siendo revisada minuciosamente por el gremio de las empresas mineras.
La Camimex advirtió que, de aprobarse, los cambios a la Ley Minera propuestos por el gobierno de México, tendrán fuertes repercusiones para la minería.
Habrá que esperar su posicionamiento, pero por lo pronto, piden que sea objeto de una discusión legislativa amplia, incluyente e informada en la que tengan cabida todos los actores involucrados.
Por lo pronto, de la lectura de la propia iniciativa los cambios más importantes son:
1.- La reducción de 50 a 15 años del tiempo de concesión –prorrogable por una sola ocasión hasta por un lapso igual–, sujeto al cumplimiento de obligaciones;
2.- Su otorgamiento a través de procesos de concurso público
3.- La consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y;
4.- La eliminación del esquema de “terreno libre y primer solicitante”,
5.- La contraprestación a las comunidades dueñas originales de la tierra.
El jefe del Ejecutivo envió la iniciativa en calidad de reforma estructural a la regulación del sector minero, con la intención de eliminar los beneficios y aumentar las obligaciones de las empresas privadas.
Sin duda alguna, el perfil social de la iniciativa, es positivo. En la medida en que se registre ese beneficio, en los casos en los que es inexistente y, aumente en donde sí existe, para las comunidades y las regiones, es bueno.
Sin embargo, el conjunto de medidas, probablemente aumenten la incertidumbre y desalienten las inversiones, tan necesarias en una circunstancia como la actual en la que el mundo transita de la movilidad basada en combustibles fósiles a la electromovilidad.
Hoy se requiere cada vez más de la actividad minera y diversos minerales críticos, como níquel, cobre, manganeso y litio para impulsar el cambio que incluso el gobierno mexicano, tiene claro está ocurriendo.
La idea gubernamental es reducir los beneficios y aumentar las obligaciones a las empresas mineras, amén de “recuperar la rectoría del Estado”.
¿Será el camino correcto en las circunstancias actuales de reacomodo de la producción mundial? En caso de que lo apruebe el Congreso, como es lo más probable, ¿qué repercusiones tendrá para México, en materia de inversiones y en su relación con sus dos principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá? Veremos.
